El Movimiento por un Uruguay Soberano filial Soriano recibió la vista del Dr, Hoenir Sarthou, quien en conferencia en sala del Hotel Colón expuso sobre la iniciativa que se lleva a cabo con el fin de modificar la Constitución de la República a los efectos de evitar que futuros megaemprendimientos se concreten en uruguay, sin aval del Parlamento y su vez “romper el ignominioso contrato ROU-UPM2 ya firmado”.

En la estuvo acompañado por el Dr. Osvaldo Poletti y Alfredo Antognazza, estando también en la sala los integrantes del movimiento, Dr. Horacio Zefferino, Wadimer Yakimenko, Oscar Godoy.

El Dr. Poletti presentó al conferencista como abogado, periodista, comunicador, “que se tomó la responsabilidad de leer todo el contrato realizado por la empresa UPM2 con la Repùblica Oriental del Uruguay, digerirlo y nos va a presentar los inconvenientes que para el Uruguay tiene dicho contrato”.

En ese sentido, el Dr. Hoenir Sarthou señaló que su vínculo con ésto “comenzó el 7 de noviembre del 2017 cuando tomé conocimiento del contrato que se había firmado ese día y me llevó una noche de insomnio, porque no salía de mi asombro al ver lo que se había pactado. Desde la construcción de una vía férrea que iba a a ser adjudicada a la empresa las 24 horas del día los 365 días del año, a disposición de la empresa, que en definitiva es quien controla la vía. Uruguay podrá usarla en tanto que UPM lo permita, esa es la realidad”.

A su vez “la asignación del agua del río Negro en forma ilimitada y gratuita, no sólo ilimitada, si no con obligación de garantizar un flujo mínimo para que la empresa pueda disminuir los efluentes, los restos que quedan de la producción de celulosa”.

A ello se suma “la adjudicación de un puerto, la compra de la energía eléctrica que a la empresa le sobre y se obliga a comprársela a un precio caro, la que produce con los restos de la fabricación de la celulosa, una energía que Uruguay no necesita porque en estos momentos exporta, y a un precio bastante más barato que el que le va a pagar a UPM por el sobrante”.

También hizo referencia a otras cosas que calificó de “insólitas, que por ejemplo UPM tiene por el contrato, injerencia en los programas de la enseñanza técnico profesional, es gravísimo, nunca se había visto que una empresa interviniera en la elaboración de los programas oficiales de enseñanza”.

Y hay “dos cosas más que son tremendas desde el punto de vista jurídico, una es que se le otorga a la empresa lo que se llama estabilidad jurídica, es decir que el país se compromete a que ninguna norma, ninguna ley, ningún decreto departamental ni ningún reglamento, modifique el régimen de ventajas que tiene la empresa durante 50 años que es lo que está previsto que dure el contrato, plazo que todavía no empezó a correr, porque van desde que la planta esté operativa.

Esa estabilidad jurídica significa que Uruguay no puede legislar ni dictar ninguna norma sobre áreas que afecten a UPM porque si no tendría que compensarle a UPM los perjuicios que le pueda causar. Esto ata al Parlamento de pies y manos en todo lo que se relacione con la empresa, nadie en el Uruguay tiene ese privilegio, todos estamos sujetos -cada uno en su área- a la legislación que va surgiendo de acuerdo a la realidad, ¿quién puede decir ninguna norma te va a afectar? Y además qué normas, políticas forestales, tributarias, zonas francas, políticas energéticas, ferroviarias, quedan bloqueadas en lo que respecta a UPM”.

Para Sarthou la frutilla de la torta “es que en caso de conflicto con UPM, si UPM quiere el conflicto se resuelve en un Tribunal dependiente del Banco Mundial, recordemos que el Banco Mundial fue el organismo que primero aconsejó dedicar este área de América, es decir Uruguay, parte de Argentina, parte de Brasil, Chile y Paraguay, a la producción de celulosa, o sea plantar árboles para producir celulosa y después otorgó préstamos para que se subvencionara la plantación de madera, por lo que el Banco Mundial no es un organismo neutral, es darle para hacer de árbitro a la mamá de UPM”.

En esas circunstancias, expresó Sarthou, “el contrato se firma en secreto, conociéndose recién después de haberse firmado, no tuvo ni tratamiento ni aprobación parlamentario, todos pudimos ver a los legisladores de aquel momento, que son el gobierno actual, haciendo críticas muy fuertes al contrato, pero ya estaba firmado, o sea que fueron críticas para la tribuna, pero en realidad no incidían sobre el asunto porque el Parlamento nunca lo aprobó, ni siquiera lo consideró”.

La otra consecuencia que esto se votara en estas condiciones, “es que al no ser aprobado por una ley, por el Parlamento, tampoco se pueden plantear ni acciones de inconstitucionalidad, ni referéndum, el contrato firmado en secreto, se vuelve intocable, porque no cumplió ninguno de los procedimientos jurídicos para el control, tampoco se le pueden aplicar los procedimientos de control”.

ENTREGANDO PEDAZOS DE SOBERANIA

Después de trabajar y discutir mucho, “hemos lanzado un proyecto de reforma constitucional que busca poner remedio a este tipo de contratos, a los que ya están y prevenir futuros contratos de este tipo. Ahora se ha sumado otro nuevo contrato hecho en esta modalidad que es el contrato del puerto de Montevideo hecho con la empresa Katoen Natie, la adjudicación de la operativa del puerto con un contrato sin consultar a nadie”.

Para Sarthou la situación que estamos enfrentando es que “pedazos cada vez más grandes de la soberanía, de la capacidad de decidir sobre nuestros recursos, sobre nuestro territorio, sobre las inversiones que se hacen aquí, esa soberanía se pierde y se le va entregando a empresas que a través de ataduras contractuales con el Estado, terminan tomando decisiones que sólo podría tomar el Estado. Se da la paradoja que una inversión hecha en el Uruguay, sea la que sea tiene que ser controlada por el Estado, pero resulta que el Estado uruguayo puede ser demandado por el que debe ser controlado, ante el Banco Mundial, es una cuestión muy dañosa.

EL MAYOR COSTO DE LA LA INSTALACION DE UPM EN URUGUAY LO PAGARA EL ESTADO

Hay que decir además que el costo de la instalación de UPM es en su enorme mayoría financiado por el Estado uruguayo, es Uruguay el que va a pagar el costo de la vía US$ 2.200 millones, Uruguay el que va a comprar la energía eléctrica US$ 1.400 millones, Uruguay es el que va a dar el agua gratuitamente, Uruguay le asigna el puerto, no existe en la historia del país una inversión del Estado tan grande en favor de una empresa privada. Dicen por ahí que es la mayor inversión privada en la historia del país no es cierto, es la mayor inversión pública en la historia, lo que UPM va a poner es cerca de la mitad que va a tener que invertir Uruguay para que esto funcione.

Y a cambio Uruguay no lleva nada, no es socio en el negocio, no tiene acciones, no va a cobrar utilidades, dos cosas nos dicen, que va a pagar impuestos, lo cual es muy relativo porque UPM (y todas sus colaterales) opera en zona franca y tiene exoneraciones tributarias y el otro argumento es que da trabajo y sobre eso no hay nada más claro que lo que pasó en Fray Bentos, esas plantas producen trabajo durante dos años y pico, tres años, mientras se construye, ocupan personal que trabajan en la construcción, después eso se termina y los que quedan trabajando son unos pocos cientos de personas que ni siquiera son de la localidad que está instalada la planta, algunos son extranjeros, otros los traen de diferentes partes del país, en el lugar no hay personal calificado para cumplir las tareas correspondientes, al final es poca la gente que trabaja allí.

Aconsejo ir a Fray Bentos y que se vea cuantas fuentes de trabajo quedaron, qué grado de desarrollo social hay en esa localidad, cuál es la situación material, social y anímica de la población de Fray Bentos donde funciona una planta que es la mitad de esta que se quiere hacer en pueblo Centenario”.

EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

El proyecto de reforma constitucional plantea “declarar nulos estos contratos que son inconstitucionales, porque la Constitución prohibe a los gobiernos comprometer gastos que superen el período de gobierno, y Uruguay para comprometerse con el exterior a través de un tratado internacional, debe lograr aprobación parlamentaria a través de una ley, los tratados no son válidos hasta que no los aprueba el Parlamento. La Constitución no dice nada sobre las empresas, no habla qué pasa cuando el Estado contrata con empresas. A través de ese silencio que tiene la Constitución, los sucesivos gobiernos le han dado una interpretación delirante, lo que no pueden hacer por una Ley de Presupuesto o un Tratado Internacional lo hacen a través de un contrato con una empresa, entonces se obliga al país durante 50 o 60 años ignorando la prohibición constitucional, nos somete a tribunales internacionales, cosa que tampoco se podría hacer sin tener aprobación parlamentaria. Entonces la reforma constitucional trata de poner límites para el futuro a estas entregas de soberanía”.

En el futuro, “si el contrato compromete al país más del período de gobierno en que está, lo somete a jurisdicción extranjera o le da a la empresa las garantías que las leyes no la van a afectar, ese contrato requiere aprobación parlamentaria como mínimo, asimilándolo a un tratado internacional. Aun si el Parlamento votara algo que es perjucial para el país la población, a través del referéndum pueda invalidar ese contrato, logrando hacerlo a través de 10% de las firmas del padrón electoral y no del 25% como se exige ahora. Esto hacia el futuro”.

Hacia atrás lo que plantea este movimiento, señaló el Dr. Sarthou, “es la nulidad de los contratos que se hayan firmado, no sólo el de UPM, los que tengan esas características de comprometer al país por más de un período de gobierno, someterlo a jurisdicción extranjera o darle estabilidad jurídica a la empresa, esos contratos se declararían nulos en función de que ya son inconstitucionales, ya fueron hechos burlando dos prohibiciones constitucionales y aprovechando un vacío que no dice expresamente esto rige también para los contratos con las empresas”.