Siempre, es un lugar común, que a los sectores populares cuando hacen reclamos, se les responda o que la “sábana es corta” o que no hay dinero para financiar lo que plantean. Es un recurso que encubre la ausencia de voluntad política o lisa y llanamente, quedar fuera del radar de las prioridades gubernamentales. Tal es el caso del sistema cooperativo de vivienda.
En un prolijo documento, FUCVAM fundamenta su propuesta de financiación en cinco pilares políticos: “1-jerarquización de la vivienda en la distribución de los recursos públicos. 2-reconstitución del FNV con un monto no menor al equivalente al 2% de la masa salarial del país. 3- generación de un mecanismo legal que transfiera el equivalente de esos fondos al FNV, tal como lo hacía la ley 13728, sin mediar la distribución presupuestal. 4- generación de mecanismos adicionales de financiamiento a través del gravamen a las viviendas vacías y abandonadas. 5- Finalmente queremos ser claros que no queremos más recursos a la vivienda a costa de la salud, la educación, la protección social, etc. Por tal motivo se entiende pertinente que se aumente el impuesto al patrimonio a los sectores más pudientes. La propuesta Federativa adicionaría 116 millones de dólares anuales. Ello daría para construir unas 1650 viviendas por año, destrabando el actual cuello de botella. En su 50 aniversario, el año pasado, la gremial volcó una serie de iniciativas impositivas para hacer “más igualitaria la recaudación tributaria.
Dentro de ellas se encontraba el Impuesto al patrimonio, que es el impuesto por excelencia distributivo pues grava el stock acumulado por las grandes riquezas del país tanto a nivel personal, empresarial y de propiedad de la tierra. Hoy las tasas son de 0,4% y 0,6% en las personas según su patrimonio y 1,5% en las empresas”, señala. El gobierno, que da continuidad a ciertos subsidios que benefician a los sectores más concentrados y de mayor riqueza, tiene, si dispara esta iniciativa, la posibilidad de obtener genuinos recursos que hablarían de la solidaridad de las y los uruguayos.
Más de 650 asentamientos irregulares, regularizados a cuentagotas, y un déficit habitacional de vivienda en el entorno de las 70 mil viviendas hablan por sí solo de la necesidad de atender a los “más frágiles”.