La Cámara de Diputados podría mantener la posibilidad que el gobierno nacional inicie juicio a los gobiernos departamentales en caso de que se formen nuevos asentamientos. El Intendente de Salto, Andrés Lima espera que se elimine de esa iniciativa los descuentos que proyectan instrumentarse de los aportes que reciben las Intendencias a través del artículo 214 de la Constitución.
Andrés Lima, en diálogo con @gesor se refirió a este tema y también a la incidencia que viene teniendo la suba de los combustibles en el funcionamiento de la Intendencia.
Cómo se viene dando el relacionamiento de las intendencias de la oposición con el gobierno nacional?
-“En términos generales es bueno porque lo encauzamos a través del Congreso de Intendentes, que tiene esa particularidad, que se trabaja con otra lógica de otra manera, tratando de buscar soluciones a los distintos temas que puedan ir surgiendo.
Y en ese sentido entre el Congreso de Intendentes y el gobierno nacional ha habido un diálogo muy fluido, de hecho terminamos una negociación de casi un mes en donde el Congreso de Intendentes hizo algunas puntualizaciones vinculadas a la Rendición de Cuentas. Sobre todo en temas vinculados a asentamientos, vivienda, Instituto de Colonización, un fondo para asimentrías, el seguro obligatorio; es decir temas todos en los que la Rendición de cuentas contenía algunas disposiciones que no compartíamos, y ahí las 19 intendencias trabajamos en bloque, armamos una propuesta, la llevamos al Parlamento, se conversó con el gobierno nacional y por suerte hubo entendimiento. Creo que de esa manera hay que continuar trabajando, con esa lógica, y en el caso de las 3 intendencias del Frente Amplio por supuesto que reconocemos lo que significa el Congreso de Intendentes y entendemos que por allí se pueden canalizar las propuestas al gobierno nacional, sin perjuicio que los Intendentes se puedan reunir con el Presidente de la República por temas puntuales; pero lo institucional, lo vinculado a temas en común de las intendencias es el Congreso, y así ha venido funcionando y entendemos que debe continuar así”.
Hay un artículo de la Rendición de Cuentas que ha traído controversias que es el que tiene que ver con los asentamientos y el control que deberían ejercer las Intendencias. ¿Hasta dónde pueden ir las intendencias en ese control y hasta dónde pueden negociar con el gobierno para que no recaiga exclusivamente en ellas ese control?
-“La semana pasada cuando nos reunimos con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados lo que planteamos fue quitar de la Rendición de Cuentas el artículo 207 que habla sobre la responsabilidad de las Intendencias y la posibilidad que el gobierno nacional pueda descontar la partida del 214 de la Constitución cuando el gobierno nacional tenga que invertir para realojos de familias que viven en asentamientos.
Por otro lado propusimos que se dejara sin efecto una nueva redacción que se le da al artículo 69 de la Ley de Ordenamiento territorial que establece un procedimiento de policía territorial, pero que también autoriza o habilita al gobierno nacional a iniciar juicios a las intendencias en caso de que hubiese nuevos asentamientos. Esa fue la propuesta del Congreso. Esperemos que el Parlamento en la discusión de la Rendición de Cuentas elimina estos dos artículos .
Como segunda propuesta lo que le planteamos a los legisladores, es que si se mantiene el artículo 207, y se mantiene el artículo 69 con su nueva redacción de la Ley de Ordenamiento territorial, bueno, que a las Intendencias se las responsabilice pero que no se les descuente de la partida del artículo 214 de la Constitución, que es la partida más importante que tenemos.
Esto está para que la Cámara de Diputados lo resuelva. Aparentemente la información que tenemos es que Diputados va a eliminar la posibilidad que el gobierno pueda descontar de la partida del 214, pero va a mantener la posibilidad que el gobierno nacional iniciar juicio a los gobiernos departamentales en caso de nuevos asentamientos que se puedan formar si las intendencias no hayan cumplido con el rol de policía territorial.
Nosotros entendemos que sobre este tema, lo más importante, más que buscar responsables es trabajar en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Mevir y los gobiernos departamentales. Es una problemática que está en varios departamentos y coincido que la vivienda es un derecho fundamental.
Más allá de esta discusión que se va a dirimir en el Parlamento nacional, creo que todas las intendencias reconocemos que nos corresponde el rol de policía territorial, todas las intendencias queremos aportar para búsqueda de soluciones que permita a las familias uruguayas acceder a la vivienda. Trabajaremos cada una de las intendencias con la intención de lograr la construcción de la soluciones habitacionales.
Hay por allí el fideicomiso de vivienda para hacer posible el realojo de familias que viven en asentamientos, tenemos el sistema cooperativo, Mevir. Trabajaremos juntos para que más familias uruguayas accedan a su vivienda”.
Un insumo importante para las Intendencias es el combustible. ¿Cómo incide este cambio en el cálculo del precio del combustible en el funcionamiento de la Intendencia?
-“En el caso de la Intendencia de Salto consumimos 150 mil litros mensuales, por tanto los incrementos se traducen en un aumento de gastos. Además en la Intendencia de Salto tenemos el monopolio del transporte urbano de pasajeros, que se hace a través de 45 coches que son propiedad de la Intendencia. Tenemos un boleto social, de $ 15, y por supuesto el incremento del combustible incide en este servicio que brinda la Intendencia.
Bueno, tratamos de afrontar estos incrementos de tarifas, hacer un poco de malabares para tener un boleto social que es utilizado por muchos salteños, sobre todo jubilados, pensionistas, trabajadores, estudiantes. Es un elemento que no lo teníamos en cuenta. Sin duda que mensualmente tengamos que ir organizando un control muy estricto de ingresos, de gastos, y de eso ir llevando la ecomonía y las finanzas de la Intendencia”.