El Comisionado Parlamentario Penitenciario presentó su informe 2020 donde recomienda acuerdos institucionales para reformar el sistema carcelario, implementar un plan de deshacinamiento, impulsar las medidas alternativas y avanzar en “justicia” terapéutica para rehabilitación de adicciones y salud mental.

El Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó ante la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento el “Informe sobre la situación carcelaria y del sistema de medidas alternativas” de 2020. Planteó 10 conclusiones, 12 recomendaciones institucionales y unas 51 medidas concretas y específicas.

El documento dice que es necesario lograr acuerdos institucionales para reformar el sistema carcelario, ya que el mismo “sigue siendo un sistema de gigantes proporciones, de débil intervención técnica, baja capacidad de rehabilitación, carencias materiales y de recursos, sin cuya reforma seguirá siendo un problema serio de seguridad pública (alta reincidencia) y de salud pública (transmisión social de la violencia, la exclusión, rupturas socio familiares y trastornos de salud mental)”. Valoro que el novel Consejo de Política Criminal, con representación institucional de todos los Poderes del Estado, puede ser “un espacio para discutir, crecer, pensar y acordar algunas líneas fundamentales para los próximos 10 o 15 años”. Destacó el rol del Parlamento para impulsar el tema, tanto en la Comisión de Seguimiento Carcelario como en comisiones especializadas, siendo el Parlamento “un espacio natural para acuerdos que miren el futuro que empieza dentro de 15 minutos”.

Uruguay, según datos del Instituto sobre el Crimen y Delito de la Universidad de Londres -la reconocida autoridad mundial en la materia- es los países con más presos del mundo, ocupando el lugar 15avo. en una lista de 222 países, con 388 presos cada 100.000 habitantes. El hacinamiento es, según datos oficiales, de una densidad promedio de 134%, o sea por cada 100 plazas hay 134 personas. Pero hay unidades donde ese promedio es ampliamente superado, como Artigas (226 personas cada 100 plazas), y Salto, (323 personas cada 100 plazas) y Maldonado (163 personas cada 100 plazas). Durante 2020 se registraron 48 muertes en custodia, 17 de ellas homicidios, 17 suicidios, uno por un accidente no aclarado y 13 por enfermedad. La tasa de homicidios es de 137 cada 100.000 y de suicidios de 137 cada 100.000, siendo la de homicidios 14 veces más alta que la nacional (9,5) y la de suicidios unas 7 veces más alta que la tasa nacional (20,3).  “Podrá decirse que esa relación se explica porque quienes van a la cárcel tienen más problemas que el promedio, pero a eso se suman carencias que multiplican la violencia y hacerla luego contagiosa en la sociedad”, dijo el Comisionado.

Además, según la evaluación de la Oficina del Comisionado Parlamentario, en el 33% de los establecimientos se detecta trato cruel, inhumano o degradante, en el 56% insuficientes condiciones para la integración social y en el 11% buenas condiciones y oportunidades de integración social, cifras que según el Comisionado denotan el impacto de la pandemia y el aumento del hacinamiento .

El funcionario recomendó a las autoridades impulsar una Plan de Deshacinamiento, Tratamiento y Baja de la Reincidencia y que se conciba el sistema de ejecución penal como “un conjunto con dos grandes áreas, la privación de libertad y las medidas alternativas o sustitutivas”. Dijo que la actual sobrepoblación sigue emporando y “solo asegura más delitos, porque el sistema desbordado no puede rehabilitar y genera reincidencia, que vuelve a ser captada y vuelve a la cárcel en un ciclo creciente de delitos y desintegración”. Para un Plan de Deshacinamiento recomendó fortalecer la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida y a la Dirección Nacional del Liberado, la que propuso que “pase a formar parte del Ministerio de Desarrollo Social para su mejor gestión e impacto”. “Una es el antes de la cárcel, y la otra es el después, cerrando en algo esas dos puertas, se pueden volcar los recursos técnicos a los casos más complejos y más urgidos de rehabilitación intensiva, los que están adentro de la cárcel ya”, comento el funcionario.

Una recomendación central de funcionario parlamentario fue que ASSE debe urgentemente conectarse con el sistema penitenciario, ya que no está cubriendo todo el sistema y la cobertura en adicciones y salud mental es todavía muy insuficiente.  Señala el documento que: “Es vital que ASSE asuma plenamente su mandato institucional, como prestador público de salud en todo el sistema penitenciario y pasando a cubrir los servicios de todo el sistema penitenciario y profundizando sus servicios, disponiendo que los recursos otorgados en la Ley de Presupuesto para salud mental y tratamiento de adicciones también sean desplegados en el sistema penitenciaria, tanto en las prisiones como en el sistema de medidas alternativas”.

El documento destaca que ya existen normas legales en el país para que personas con adicciones severas que lo lleven a cometer transgresiones o con trastornos en su salud mental, sean derivados a “establecimientos adecuados y especializados”, cuando la cárcel no tiene acceso al tratamiento. Dijo el Comisionado que “empezar a utilizar estas normas de justicia terapéutica es un camino del siglo XXI, requiere una política pública desde ASSE, desde el propio Ministerio de Salud Pública para alentar esa línea de política, y también desde el Poder Judicial, para también desde allí generar innovación y respuestas que hagan realidad la rehabilitación cuando ella requiere atención especializada en determinado aspecto sanitario”. 

El Comisionado también reclamó que la Defensa Pública, organismo del Poder Judicial que defiende a la amplia mayoría de las personas encausadas por su falta de recursos, sea fortalecida tanto “con recursos humanos técnicos como logísticos, para hacer realidad el derecho a la defensa, esencial en la democracia y en el proceso penal democrático”.

El Comisionado Parlamentario destacó los muy buenos pasos de involucramiento con la rehabilitación en cárceles que están dando varios organismos, como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el CODICEN, el Ministerio de Trabajo y varias Intendencias como Paysandú, Salto, Canelones, Montevideo, Maldonado y Rivera, entre otras. También dijo en el documento que el “Plan dignidad Carcelaria” del Ministerio del Interior se basa en la perspectiva de los derechos humanos y género, y que en ese sentido hay una continuidad con la reforma iniciada en 2010 y que tiene todavía muchos temas pendientes.

Asimismo, el Comisionado valoró muchas acciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, como la apertura del pre egreso en el COMCAR, el impulso a actividades productivas en muchas unidades, el impulso a normas legales para favorecer el trabajo de los internos, el avance en la transformación del COMCAR en un complejo de varias unidades, el combate hecho al coronavirus y la campaña de vacunación en cárceles que señaló como “una buena práctica que se destaca a nivel mundial” y las acciones de emergencia tomadas para enfrentar graves carencias materiales. Como contracara, lamentó que el presupuesto no refleje todavía la necesidad de más personal técnico, más operadores penitenciarios y rubros para infraestructura y funcionamiento, diciendo que “el trabajo interinstitucional y un Plan Estratégico para el sector deben ser la base para un proyecto potente que convoque a una cierta inversión pública necesaria para enfrentar un serio problema de seguridad pública y salud pública: la violencia que circula socialmente”.

Acceda al Informe Anual 2020 (Versión Preliminar) AQUÍ

(*) foto Archivo de @gesor.