La primera norma regulatoria sobre biocombustibles en Uruguay fue la “Ley de Producción de Combustibles Alternativos, Renovables y Sustitutivos de los Derivados del Petróleo” (Ley N.º 17.567, del año 2002). Esta Ley declara de interés nacional la producción en todo el territorio del país de combustibles alternativos, renovables y sustitutivos de los derivados del petróleo, elaborados con materia nacional de origen animal o vegetal.
En el año 2005 Uruguay comienza a trabajar en una Política Energética desde una mirada estratégica.
Esta Política fue aprobada por el Poder Ejecutivo en el 2008 y en el 2010, junto con la creación de
una Comisión Multipartidaria de Energía, avalada por todos los partidos políticos. En su objetivo principal la Política Energética se plantea la diversificación de la matriz energética procurando disminuir la dependencia del petróleo y fomentar el desarrollo de las energías renovables.
La Ley N° 18.195 en 2007, denominada “Ley de Agrocombustibles” define la incorporación de los biocombustibles con los siguientes objetivos:
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los términos del Protocolo de Kyoto
  de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (...);
- el fomento de las inversiones;
- el desarrollo de tecnología asociada a la utilización de insumos y equipos de origen nacional;
- el fortalecimiento de las capacidades productivas locales, regionales y de carácter nacional;
- la participación de pequeñas y medianas empresas de origen agrícola o industrial;
- la generación de empleo, especialmente en el interior del país;
- el fomento de un equilibrio entre la producción y el cuidado del medio ambiente asociados a
  criterios de ordenamiento territorial;
- y la seguridad del suministro energético interno” (Ley N° 18.195, 2007: Artículo 1).
En el Artículo 9° se establece que los costos resultantes de la realización de las mezclas estipuladas podrán ser transferidos a las tarifas, mientras el Poder Ejecutivo no estipule otros mecanismos de compensación.
En los Objetivos de Desarrollo Sustentable AGENDA 2030 Uruguay se comprometió a aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía, a promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante, y a incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

Hoy el gobierno se plantea dejar de agregar biocombustibles a los combustibles fósiles que Uruguay consume. La base de esta propuesta es que se abarataría el precio por litro de combustible en $1,5, bajando el costo de producción, transporte y movilidad general. Pero al costo de dejar de lado los compromisos asumidos por el País en contribuir a la baja de generación de gases de efecto invernadero, que intentan a nivel mundial contener el calentamiento global y el cambio climático. Casi nada de objetivo, Sr, Presidente, contribuir a la supervivencia del planeta. Sabemos, como cualquier habitante del mundo, de los efectos en el clima que produce el calentamiento global como el aumento del nivel de los mares, aumento de la temperatura del agua, aumento de la temperatura de la atmosfera, y las consecuencias notorias de estos males como la intensidad de las lluvias, las sequias, y los vientos (recordemos el tornado de Dolores de 2016.

El gobierno nacional cobra al grito, esta baja de los costos obedece al reclamo de Un Solo Uruguay, y parte del sector productivo primario. La construcción de estas políticas con las cuales Uruguay cumple con los acuerdos firmados en el protocolo de Kyoto, es un largo proceso que trajo la instalación de ALUR y otras empresas privadas, el desarrollo de cultivos como la canola (cuyo primer comprador Y DESARROLLADORS fue ALUR). Compromete las fuentes de trabajo (4000) y la viabilidad de un sector industrial desarrollado hacia el cumplimiento de estas políticas y estos compromisos internacionales, y fundamentalmente con el cuidado del planeta,

Nos alarma que se priorice a un sector de la sociedad, por sobre los intereses de la mayoría de los habitantes del país, y que esta mirada sesgada hacia un sector cercano al gobierno nos haga faltar a los compromisos asumidos como país y al deber mayor de cuidar el planeta donde habitamos nosotros, más toda la vida que existe, y pone el riesgo el hábitat de las futuras generaciones.

Y como si fuera poca falta de sensibilidad, se propone, ahora quitar los subsidios del supergas, base energética de los sectores más populares.

Esperamos que estas medidas se mediten, evalúen y finalmente, no prosperen. Por el bien común.

Gracias Sr. Presidente.

Solicito mis palabra pasen a los representantes de Soriano en el parlamento, y a los Ministerios de Energía y Minería y de Medio Ambiente.