Con el apoyo de Naciones Unidas, CERES entrevistó a todos los legisladores nacionales  planteándole un amplio cuestionario sobre  estos temas.

¿Qué piensan los legisladores de Uruguay? ¿Qué piensa cada uno más allá de las decisiones colectivas por partido político o bancada sectorial, que refleja una postura de lema, pero no necesariamente la posición individual de cada representante de la ciudadanía? Esa acción política de partidos fuertes es valiosa y es lo que ha dado y da estabilidad a la democracia uruguaya, sustentada en corrientes partidarias con historia y con reflejo de ideas y principios. Pero también importa conocer el pensamiento de cada legislador en profundidad, y por eso CERES se propuso hacer una Radiografía al Parlamento uruguayo de la actual Legislatura 2020-2025.

El trabajo requirió mucho tiempo y fundamentalmente la buena disposición de todos los legisladores, de todos los partidos, para permitir presentar quiénes son y qué piensan sobre cuestiones esenciales para el país.

Según las posiciones individuales de los legisladores, los resultados que se presentan en esta primera parte muestran que existen mayorías que apoyarían cambios en temas centrales del debate público, como la estrategia de inserción internacional y la modernización del régimen laboral. Sin embargo, en otras cuestiones como la reforma jubilatoria o el manejo fiscal, no existe una posición que obtenga una clara mayoría, además de fragmentar a la bancada oficialista y la bancada de la oposición.

Compartimos a continuación un resumen de dicho  estudio.

Introducción

  Con el objetivo de tomarle el pulso al parlamento, entre octubre de 2020 y abril de 2021, CERES realizó un cuestionario a los senadores y diputados que integran la Asamblea General del Uruguay en la Legislatura XLIX (período 2020-2025). La totalidad de los legisladores fueron contactados por CERES y se obtuvieron respuestas de la totalidad del senado y de más del 95% de los diputados en donde participaron el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), el Partido de la Gente y el Partido Independiente.

Para realizar este estudio, CERES se contactó directamente con todos los sectores políticos que componen el Parlamento; por el Frente Amplio: Movimiento de Participación Popular, Lista 711, Partido Comunista del Uruguay, Partido por la Victoria del Pueblo, Partido Socialista, Lista 1786, Asamblea Uruguay, Liga Federal, Nuevo Espacio, PAR y Marea Frenteamplista; por el Partido Nacional: Aire Fresco, Herrerismo, Mejor País, Espacio 40, Alianza Nacional y Todos Por El Pueblo; por el Partido Colorado: Ciudadanos, Batllistas,  Uruguay Batllista y Tercera Vía; más Cabildo Abierto, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido de la Gente y el Partido Independiente.

Los resultados se presentan en valores promedios para la totalidad del Parlamento y desglosado por oficialismo (partidos integrantes de la Coalición Multicolor: Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente) y oposición (Frente Amplio y Partido Ecologista Radical Intransigente).

Inserción internacional

 Siete de cada diez legisladores, según su visión personal, se inclina a priorizar la concreción de acuerdos comerciales por fuera del Mercosur, mientras que 23% priorizaría el Mercosur como plataforma de inserción, y el 6% no opina (Figura 1).

La apertura de respuestas entre gobierno (coalición multicolor) y oposición, surgen claras diferencias. La gran mayoría del oficialismo (97%) prefiere la autonomía con el bloque, 3% no opina, y no hay uno que diga que el Mercosur sea lo conveniente como plataforma de inserción. La mayoría de los opositores (53%), prefiere los acuerdos por intermedio del Mercosur, mientras que 36% opta por autonomía con el bloque, y el 11% restante, no opina.

Uruguay y la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una de las organizaciones multilaterales más aceitadas a nivel global. Ingresar como miembro pleno de la OCDE implica estar en el club que reúne a los países que han alcanzado el mayor desarrollo económico y social. A la OCDE se ingresa por invitación, luego de iniciar formalmente un proceso coordinado de reformas que suele llevar años, lo que implica un compromiso más profundo con las reformas necesarias que el exigido para ser miembro de alguno de sus comités.

De acuerdo con el 65% de los diputados y senadores, para Uruguay sería conveniente iniciar el proceso para ser miembro pleno de la OCDE, mientras que 11% opina lo contrario y 24% no lo sabe o no contesta. Las proporciones no cambian significativamente cuando se desglosa la respuesta entre oficialistas y opositores.

Seguridad social

Respecto a la base de la reforma en el régimen jubilatorio, el 42% del cuerpo parlamentario optaría por mantener el sistema vigente de aportes para reparto y ahorro individual con participación estatal y administradoras privadas, 32% mantendría el esquema vigente pero únicamente con administración estatal y el 20% se decantaría por un régimen de reparto en sistema estatal, mientras que el 6% no sabe o no contesta.

Más de dos tercios de los oficialistas (69%) preferirían la opción que incluye la participación de las administradoras privadas, el 23% elegiría el sistema de reparto y ahorro con administración únicamente estatal y el 1% por el sistema de reparto estatal, entretanto 7% no se decidió entre ninguna de las opciones. El 45% de los legisladores opositores optaría por un sistema de reparto estatal, la misma proporción elegiría un sistema estatal de reparto y ahorro, y el 6% daría lugar a las administradoras privadas, mientras que el 4% no sabe o no contesta.

Regulación Laboral

El 61% de los legisladores está a favor de flexibilizar el régimen laboral a tiempo semanal, mientras que el 35% mantendría el esquema vigente de 8 horas diarias, entretanto, 4% no se pronunció al respecto.

Entre oficialistas, 3 de cada 4 opta por flexibilización de la jornada de trabajo y 24% prefiere el sistema actual. Casi la mitad de los opositores (49%) está por mantener el esquema vigente, pero 42% prefiere flexibilizarlo y 9% no sabe o no contesta.

El “malla oro”

La mayoría de los senadores y diputados (65%) opina que el sector agropecuario es el de mayor capacidad para empujar el crecimiento económico, 14% indica al sector tecnológico, 14% al industrial, 2,5% al turismo, 2% al comercio y 2,5% a otros servicios (ver Figura 3).

Entre oficialistas, 76% cree que el sector agropecuario es el de mayor capacidad para empujar el crecimiento de la economía, 8,5% opina que lo es el tecnológico, 8,5% el industrial 3% el comercio y 1% el turismo y 3% se inclina por otros servicios. Entre los opositores, también el agro aparece como el de mayor capacidad, pero en menos proporción (50%) y asignan más relevancia al tecnológico (23%), industrial (21%), turismo (4%) y otros servicios (2%).

Impulso a las empresas

Respecto a la conveniencia de hacer cambios al impuesto a la renta empresarial, no hay una respuesta con mayoría absoluta: 41% dice que hay bajar la cuota del IRAE de forma selectiva, y 8% que la baja debe ser generalizada. En tanto, 27% opina que este gravamen debería aumentarse para apoyar inversiones específicas, y 18% cree que se debería mantener como está; 6% no opina.

Entre los legisladores oficialistas, 61% está a favor de bajar el IRAE de forma selectiva y 14% de forma generalizada, mientras que 7% dice que habría que aumentarlo para apoyar inversiones, 14% lo dejaría igual y 4% no opina.

Entre opositores, 53% cree que el IRAE debería aumentarse para apoyar inversiones seleccionadas, 15% bajaría el impuesto de forma selectiva y 24% mantendría la tasa vigente; 8% no se pronunció.

Déficit fiscal

Para reducir el déficit fiscal, 49% de los legisladores cree que se debería hacer con baja del gasto público exclusivamente, 23% no intervendría en gastos ni en impuestos, sino que esperaría que lo solucionara el crecimiento económico, 6% aumentaría impuestos y bajaría el gasto público, mientras que 4% aumentaría únicamente los impuestos (y 18% no opinó).

Entre los oficialistas, 80% dice que corresponde bajar el gasto público únicamente, 13% no tocaría gastos ni impuestos y apenas 1% opta por una combinación de reducir el gasto y aumentar impuestos; mientras que 6% no se pronunció (Figura 4). Entre la oposición, la opción predominante (38%) es esperar crecimiento económico, sin intervenir en gasto ni en impuestos, 11% reduciría gastos y aumentaría impuestos, 9% optaría por sólo aumentar impuestos y 8% reduciría únicamente el gasto, mientras que más de un tercio (34%) no se manifestó por ninguna de las opciones.

Impuestos si no hay más remedio

Si fuera necesario aumentar impuestos, 45% estaría a favor de aumentar los gravámenes al capital (impuesto al patrimonio), 9% subiría los impuestos al consumo (IVA y similares), 15% incrementaría el Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) sobre los ingresos más elevados, mientras que 11% crearía nuevos tributos, y 20% no sabe o no contesta.

Por el lado “multicolor”, si fuera necesario subir la carga fiscal, 23% optaría por impuestos al capital, 15% por impuestos al consumo, 13% por IRPF y 15% crearía nuevos impuestos, mientras que 34% no va por ninguna de las opciones. Por el lado de la oposición, la mayoría (75%) optaría por los gravámenes al capital, 19% subiría la carga del IRPF, y 6% crearía nuevos tributos.

Empresas Públicas

Respecto al rol de las empresas públicas, 52% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que tengan mayor poder de mercado respecto a sus competidores, mientras que 45% está “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”.

Entre la bancada oficialista, dos tercios (67%) está “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con que los entes estatales tengan mayor preponderancia en el mercado sobre la competencia, entretanto, 27% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo”.

Entre los legisladores de la oposición la opinión se revierte, 87% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que las empresas públicas tengan mayor poder sobre los competidores, 13% está “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con ello.

Por su parte, 42% opina que el precio de las tarifas públicas debería reflejar los costos de producción y financiar reinversiones, 22% cree que además de los costos, deberían generar recursos para el gobierno central, y 32% entiende que las mismas debe-rían cumplir una función social para quienes lo necesitan.

Entre los oficialistas, 61% cree que las tarifas deberían reflejar costos y financiar reinversiones, 14% opina que además debería generar recursos para el gobierno central y 21% sostiene que debería cumplir una función social para quienes lo necesitan.

Para los opositores, 47% cree que las tarifas públicas deberían cumplir una función social para quienes lo necesitan, 17% opina que deberían reflejar sus costos y financiar reinversiones, y 32% que además deberían generar recursos para el gobierno central.

El dólar

Sobre la política cambiaria, 79% de los legisladores cree que el tipo de cambio debería ser flotante, pero controlado por el Banco Central para amortiguar vaivenes. 11% cree que el dólar debería ser fijado exclusivamente por el mercado, mientras que 6% opina que el BCU debería garantizar un tipo de cambio alto que favorezca la competitividad de la economía; 4% no opina (Figura 6).

El régimen de “flotación sucia” reúne a 69% de los oficialistas y a 92% entre los opositores, la opción del tipo de cambio fijado exclusivamente por el mercado está respaldado por 18% de la coalición de gobierno y 2% de la oposición; entretanto, 10% del oficialismo es partidario de una intervención que garantice un dólar alto para aumentar la competitividad, esta posibilidad no reúne adeptos entre los opositores.

Inversiones personas

Crear un emprendimiento es la recomendación preferida por 44% de los legisladores para sus amigos o familiares sobre qué hacer con sus ahorros; 17% aconsejaría realizar inversiones financieras locales (bonos del tesoro), 14% sugeriría comprar Unidades Indexadas, 10% comprar dólares, 1% recomendaría inversiones locales en el exterior, mientras que 14% preferiría otras opciones (entre las que incluyen depositarlos en el banco o buscar asesoramiento).

Reflexiones finales

Los resultados presentados indican que, según las posiciones individuales de los legisladores, existen mayorías a favor de cambios en temas centrales del debate público, como la estrategia de inserción internacional y la modernización del régimen laboral. 

Sin embargo, en otras cuestiones como la reforma jubilatoria o el manejo fiscal, no existe una posición que obtenga una clara mayoría desde el punto de vista de las percepciones individuales de legisladores.