La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) convocó a participar en una conferencia virtual a personalidades uruguayas de distintos ámbitos para que analizaran el informe de diagnóstico sobre el sistema previsional que recientemente presentó autoridades del Poder Ejecutivo y del Parlamento. También se los invitó a que propusieran líneas de acción a considerar en el proceso de reforma de la seguridad social iniciado en el país.

Fernando Filgueira, director del Fondo de Población de las Naciones Unidas y exsubsecretario de Educación y Cultura, sostuvo que el desafío fiscal, económico y social generado por el envejecimiento de la población puede enfrentarse mediante tres herramientas.

Una de ellas es “incrementando el tiempo del trabajo de lo que definimos como población activa, y eso se puede dar aumentando” las edades jubilatorias o de retiro, señaló.

También planteó elevar la participación laboral de la población en edad activa. “Y eso se logra incrementando las tasas de participación femenina, fundamentalmente”.

La otra herramienta es promover subas de la productividad del trabajo, un objetivo que “sobre todas las cosas” debe basarse en destinar mayores inversiones a la población más joven.

Por su parte, Santiago Pérez del Castillo, docente universitario y exministro de Trabajo y Seguridad Social, sostuvo que el aumento de la edad de retiro es “ineludible” en el marco de una reforma de la seguridad social. Y destacó que en el país la edad de jubilación es baja: “60 años, como en Uruguay, es baja”, dijo. No obstante, señaló que, así como esa edad es baja a nivel general, puede “ser alta para algunos sectores de actividad”, donde prima el trabajo físico.

En tanto, Ariel Davrieux, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indicó que se puede pensar en “parches” para solucionar los desequilibrios del sistema previsional, pero el “único camino que queda” es elevar la edad mínima de retiro. Davrieux reconoció que esa medida suele ser impopular, pero explicó que, a raíz del envejecimiento de la población, en una “altísima” proporción de los países del mundo se está aumentando la edad de retiro, ya que esto obedece a razones demográficas.  

Enrique Iglesias —excanciller, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), exsecretario general Iberoamericano y presidente de la Fundación Astur— advirtió que el hecho que Uruguay destine 11% del PIB a sostener su programa de seguridad social, con 5 puntos porcentuales que provienen de rentas generales, “muestra que hay un problema de financiamiento importante, sobre el cual habrá que abocarse”.

En ese sentido, Iglesias afirmó que las soluciones para resolver ese problema “no son fáciles; lo importante es abordarlas”. “Tenemos que encontrar mecanismos que permitan evitar que ese financiamiento se convierta en el fondo en un conflicto generacional”, derivado de que “las generaciones jóvenes están subsidiando a las generaciones anteriores”, añadió.

Pérez del Castillo también hizo referencia a la dificultad de encarar este tipo de reformas, porque Uruguay es “muy sensible” a cambios en el ámbito de la seguridad social. Tiene que haber “mucho esfuerzo” en la búsqueda de consensos y “la aplicación de pluralismo en resultados positivos”, aseveró.

En la misma línea, Filgueira sostuvo que la reforma de la seguridad social que es preciso que encare el país debería “contar con los mayores consensos posibles”.

Pensando en los años venideros, Iglesias planteó la creación de una comisión con representación de todos los partidos políticos, integrada por legisladores y técnicos, que realice un seguimiento permanente del sistema de seguridad social. “Pasaron 25 años del ajuste de 1995 y estoy seguro de que no van a pasar otros 25 años para volver a hacer un ajuste”, indicó.

Otras propuestas en las que hubo coincidencias fueron la implementación de una pensión básica universal de carácter no contributivo y la creación de una entidad encargada de regular a las diferentes partes que integran el sistema previsional.

“Es conveniente la creación de un organismo regulador”, expresó Davrieux, pero alertó sobre la dificultad de que una entidad descentralizada —la forma jurídica elegida para la URSEA y la URSEC, por ejemplo— supervise ministerios como el de Defensa y del Interior, que administran servicios de retiro. “Tal vez, lo más adecuado sería un organismo asesor en la órbita de Presidencia”, puntualizó.

Las opiniones sobre el informe de diagnóstico también reflejaron coincidencias entre los expositores.

Pérez del Castillo destacó que se trata de un trabajo “comprensible para los no especialmente iniciados en la materia”. Y añadió que “es una excelente base de trabajo para dialogar sobre lo que tenemos hoy en materia de seguridad social y pensando en lo que podemos llegar a tener mañana”.

Por su parte, Filgueira lo describió como un documento “absolutamente necesario; es un diagnóstico que el país se debía desde hace un tiempo”.

Davrieux, en tanto, lo calificó de “excelente” y dijo que “es un fiel representante de la calidad de los integrantes de la comisión y de su secretaría técnica”.

El documento aporta una “reflexión muy informada”, resaltó Iglesias, y “nos recuerda la importancia que tienen los diagnósticos” para implementar programas. “Es una muy buena contribución al debate del tema y a asentar en eso miradas hacia adelante”, agregó.