Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclaman una investigación sobre las agresiones sufridas por 13 personas vinculadas a la investigación y defensa de los Derechos Humanos. Como se recordará este episodio ocurrió en febrero de 2017 por el autodenominado “Comando Barneix” y buscaban vengar la muerte del General Pedro Barneix. Al haber transcurrido el tiempo y la falta de avance el caso puede prescribir sin una investigación profunda para dar con los responsables.
Ante ello Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresaron su preocupación:
Montevideo, febrero de 2021.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos ve con profunda preocupación la agresión perpetrada en enero y febrero de 2017 a 13 personas vinculadas a la investigación, defensa de los derechos humanos y sistema de justicia, quienes recibieron un correo electrónico con amenazas de muerte. Las mismas eran firmadas por el autodenominado “Comando Barneix” y buscaban vengar la muerte del General Pedro Barneix, quien se suicidó para no comparecer frente a la Justicia que lo requería por el asesinato de Aldo Perrini en febrero de 1974.
Entre los 13 amenazados se encuentran el fiscal de Corte Jorge Díaz; la ex fiscal Mirtha Guianze; la ex subsecretaria de RREE Belela Herrera; los abogados patrocinadores en causas sobre crímenes de lesa humanidad Hebe Martínez Burlé, Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Juan Errandonea y Pablo Chargoñia; el defensor de DDHH brasileño Jair Krischke; la investigadora italiana Francesca Lessa. En la lista estaban también el entonces Ministro de Defensa Jorge Menéndez y el magistrado francés Louis Joinet, hoy fallecidos.
La denuncia fue presentada por las víctimas de las amenazas en la Fiscalía penal de 4º turno, en su momento a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, y pasó en 2020 a la fiscalía de 2º turno.
En el tiempo transcurrido se convocó a tres audiencias y se realizaron unas pocas pericias sin resultados. No se investigó y la causa puede archivarse en función del artículo 117 del Código
Penal que establece los tiempos de prescripción de los delitos de acuerdo a su pena y el artículo 100 del Código del Proceso Penal que habilita al fiscal a no iniciar o a archivar una causa pasado el plazo de cuatro años y presuma que no resultará pena de penitenciaría.
Consideramos que es imperioso que se realice la investigación pertinente frente a tan graves hechos que no respetan la integridad y la vida de personas y erosionan al poder Judicial.
Estas amenazas atentan contra la Democracia que tanto sacrificio costó a nuestro pueblo recuperar.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos