El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP) presentó su Informe de monitoreo sobre la implementación de medidas preventivas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 en instituciones psiquiátricas.

Las personas internadas en instituciones psiquiátricas son especialmente vulnerables a las restricciones que implican las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena. La agudización de las condiciones de encierro aumenta los riesgos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este contexto, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) ha realizado el monitoreo de instituciones psiquiátricas con el objetivo de constatar la aplicación de medidas preventivas y de respuesta frente a la COVID-19, y su impacto en las condiciones de vida de las personas internadas. 
En esta oportunidad, el MNP presenta un informe de los hallazgos referidos a las medidas de protección adoptadas frente a la COVID-19 y sus consecuencias en las condiciones de vida y los derechos humanos de las personas internadas.
El informe concluye que los protocolos y medidas de protección implementados durante la pandemia han resultado en general efectivos desde el punto de vista sanitario. No obstante, las restricciones derivadas de la adopción de dichas medidas han reforzado las afectaciones negativas que experimentan las personas en situación de encierro institucional por situaciones vinculadas a padecimientos mentales.

La pandemia por COVID-19 ha tenido impactos severos a nivel sanitario, económico y social a escala mundial, generando restricciones a los derechos y libertades y afectaciones en la salud mental. Las personas internadas en instituciones psiquiátricas son especialmente vulnerables a las restricciones que implican las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena. La agudización de las condiciones de encierro aumenta los riesgos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este contexto, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) ha realizado el monitoreo del Hospital Vilardebó, del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (CEREMOS) y del Sector D del Módulo 12 de la Unidad penitenciaria 4, Santiago Vázquez (en adelante SD-M12), con el objetivo de constatar la aplicación de medidas preventivas y de respuesta frente a la COVID-19 y su impacto en las condiciones de vida de las personas internadas. Los resultados presentados corresponden al monitoreo realizado de marzo a agosto de 2020.
El Hospital Vilardebó fue uno de los focos epidemiológicos en el país. El abordaje de la situación determinó que se estableciera una cuarentena preventiva en el centro, aislando a los pacientes que se encontraban cursando la enfermedad. Si bien al inicio se presentaron algunas dificultades, rápidamente se produjeron ajustes que permitieron el control del foco. Las personas internadas en las salas 10, 11 y en los “cuartos fuertes” de sala 11 tenían conocimiento de la situación sanitaria y de las medidas preventivas adoptadas. Las limitaciones preexistentes en la disponibilidad de actividades terapéuticas integrales se profundizaron durante el período del foco epidemiológico. Así, también, aumentaron las dificultades en las coordinaciones relativas a los egresos durante la cuarentena. 
CEREMOS ha adoptado medidas de prevención y control de infecciones en el contexto de la COVID-19 en forma adecuada. Hasta la fecha de cierre del informe, 21 de agosto de 2020, no registraba casos positivos de COVID-19. La movilidad de pacientes dentro y fuera de la institución, así como el ingreso de visitas se limitaron. Se redujeron las intervenciones psicosociales y la atención de policlínica. Las condiciones ambientales de las salas 5 y 10 se encontraban afectadas por el atraso en las obras de remodelación y acondicionamiento de infraestructura debido a la priorización de las acciones frente a la pandemia.
La Unidad 4 ha adoptado medidas de prevención y control de infecciones en el contexto de la COVID-19, disponiendo instalaciones específicas para cuarentena y aislamiento de casos sospechosos y eventualmente confirmados. Hasta la fecha de cierre del informe, 21 de agosto de 2020, no se habían registrado casos positivos de COVID-19 entre internos. Las visitas se limitaron en número (una persona) y en rango etario, pero no se redujeron en frecuencia. El personal fue informado del protocolo de actuación frente a la COVID-19. En el SD-M12 se profundizaron los aspectos securitarios sobre las intervenciones terapéuticas tendientes a la asistencia y convivencia de las personas internadas, intensificándose los episodios de violencia interpersonal, autoagresiones e intentos de autoeliminación. 
En términos globales, las medidas de prevención y control de la COVID-19 en el marco del encierro han sido efectivas en los tres lugares monitoreados. En este período las acciones para garantizar el derecho a la salud priorizaron el control de la epidemia sobre la atención integral de salud mental. 
Las medidas adoptadas profundizaron las limitaciones preexistentes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. No obstante, no se detectaron acciones que implicaran tratos crueles, inhumanos o degradantes.