La Intersocial de Soriano convocó a conferencia de prensa donde dio a conocer declaración en la que establecen su posición respecto del momento que atraviesa el país.
En ella se comienza explicando que la Intersocial de Soriano, "es una organización popular surgida como respuesta a la agobiante situación de la amplia mayoría del pueblo uruguayo, que a raíz de la pandemia ha visto caer sus ingresos, y con ellos su calidad de vida, cuestión esta que puede notarse crudamente en miles de hogares donde desapareció literalmente el plato de comida de la mesa, prueba de ello son las innumerables ollas populares que a lo largo y ancho del país proliferan y atienden a millares de conciudadanos brindándoles algo tan esencial como la alimentación, cuestión esta que no es más ni menos que un derecho humano plasmado en nuestra Constitución".
Añade "nos encontramos en un periodo peculiar producto de la crisis sanitaria que agobia al mundo entero, en este marco, en todas partes se toman medidas de uno y otro tipo para menguar los efectos adversos que la pandemia tiene en las economías, en algunos países se congela el cobro de tarifas del servicio esencial, se congelan los intereses en los distintos tipos de créditos, las subas de alquileres, se destinan partidas especiales para personas que carecen de ingresos económicos, etc. etc.".
Mientras tanto en nuestro país, cuestiona, "el Estado, lejos de implementar medidas que atiendan la emergencia de los sectores mas vulnerables, y a poco tiempo de haberse efectuado el cambio en la administración del mismo, existiendo reservas en este, promueve y lleva a cabo una suba de tarifas de los servicios básicos e ingresa al parlamento una Ley de urgente consideración, inconsulta, que incluye en ella una cantidad enorme de artículos que modifican varias leyes existentes, cuestión esta que resulta reñida con nuestra constitución donde claramente se marca la imposibilidad de ingresar varias leyes al mismo tiempo. No solo, no se consulta al resto de los actores sociales, en medio de un marco tan complejo como el actual, sino que en su primer capítulo, en el que se abordan temas referidos a la seguridad, se realizan modificaciones que apuntan a criminalizar la protesta social, generando un tipo de código penal impreciso dando lugar a arbitrariedades y excesos; esto no lo decimos solo nosotros como campo popular, esto lo sostienen, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de derechos humanos, el Instituto de Derecho Penal y Criminología, Asociaciones de Magistrados, Fiscales, y abogados de oficio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, SERPAJ, etc".
Para la Intersocial "la preocupación es aún mayor cuando vemos que la estructura del presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo no contempla la situación extraordinaria que vive nuestro país y el mundo.
El Presupuesto Nacional es la expresión programática de los planes de gobierno, el instrumento de política económica y social más relevante de un gobierno; y contrariamente a lo que muchos piensan, el objetivo más importante de un Presupuesto, es social, puesto que es la manera en cómo se distribuyen los recursos para mejorar el bienestar de la población.
A nuestro entender, este Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional se apoya en una idea central: la reducción del Déficit Fiscal. Desde esta perspectiva, es imposible no vincularlo con la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración (LUC)".
En ese sentido, sostiene "la LUC se vuelve el “brazo ejecutor” necesario para la implementación efectiva del mismo.
Privilegiar los aspectos económicos, por sobre la calidad de vida de las personas o el bienestar social, es propio de los gobiernos de corte neoliberal, éstos, desconocen la historia económica de nuestro país, éstas “recetas neoliberales”, cuando fueron aplicadas, ocasionaron el desmantelamiento de la industria nacional, la pérdida de competitividad y el empeoramiento de las condiciones de vida".
Considera que esta propuesta presupuestal, "no solamente, se edifica sobre una idea economicista, como es, reducir el déficit fiscal; sino que se apoya también, sobre una falsa premisa, que es, que el Estado es un obstáculo para el desarrollo.
Un Presupuesto Nacional que faculta al Poder Ejecutivo a fijar ajustes salariales con pérdida en su poder de compra, a asignar recursos por debajo de las necesidades para el normal funcionamiento de los organismos, congelar las inversiones públicas, o poder realizar recortes para alcanzar una meta macroeconómica sin perjuicio de las necesidades reales de las personas: implica comulgar con una teoría ya desgastada, y una profunda falta de sensibilidad social".
En resumen, para la Intersocial de Soriano este Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional:
"Recorta salarios, recorta derechos, y pone en riesgo, lo alcanzado en materia social. Menos salarios son menos jubilaciones. Menos plata en la calle. Menos consumo.
Menos consumo es menos recaudación, es resentir los servicios públicos. Es menos educación, es menos salud, es menos seguridad social.
Es desconocer que en tiempos en los que los motores del crecimiento económico se apagan, más aún, en tiempos de crisis, el mercado interno ha sido la respuesta necesaria para sostener la economía.
Resulta inadmisible que el 52% de la población del país, las mujeres, no reciban respaldo del Estado a la hora de vivir una vida libre de violencia
¿De cuál seguridad hablamos si el estado frente a la violencia de genero posterga el cumplimiento de la Ley 19.580, no brindando un sistema de respuesta integral y el acceso a la justicia que nos corresponde por derecho? Si no destina presupuesto para su implementación".
A su vez hace referencia a que en los últimos días "nuestro país se ha visto conmocionado por una revelación que ratifica una vez más la brutalidad, la atrocidad que vivimos las uruguayas y los uruguayos durante la última dictadura.
Los contenidos del acta de Tribunales de Honor a Gilberto Vázquez, explicitan por boca de uno de sus ejecutores, las políticas criminales del terrorismo de Estado ejecutadas a partir de decisiones institucionales de civiles y militares.
Tenemos la responsabilidad histórica como sociedad de erradicar de nuestra democracia los mecanismos que amparan la impunidad. No es posible edificar una democracia sobre la base de la mentira, el engaño, el ocultamiento. El sistema político, los distintos poderes estatales, las organizaciones sociales, la sociedad toda debe trabajar en la superación de la impunidad como una cultura, un andamiaje institucional y una estructura de poder, que sigue perpetuando la violación de los derechos humanos".
Afirma que el desafuero solicitado por el Poder Judicial al senador Guido Manini Ríos "es una exigencia de la democracia para evitar cualquier tipo de distorsión a los avances que permitan determinar la responsabilidad del Estado en la dictadura.
El Estado debe garantizar que nada impida ni obstaculice las investigaciones futuras de los hechos y la sanción de los responsables. También establecer y sancionar todas las conductas que hayan obstaculizado esas obligaciones. Dentro de estas últimas, la conducta de los militares que teniendo conocimiento de hechos delictivos lo ocultaron.
Los avances concretados en este sentido responden a la lucha permanente de las organizaciones sociales, especialmente de la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos, que han permitido que luego de años de impunidad, hayamos ingresado por primera vez a los cuarteles, recuperado los restos de compañeros desaparecidos, y tímidos avances en la determinación de las responsabilidades civiles y militares en la violación de los derechos humanos. La democracia uruguaya no admite más demoras. Es tiempo VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA, nunca más terrorismo de Estado".
Es por todas estas razones que, en este día, "a lo largo y ancho de nuestro país, las intersociales de los distintos departamentos denunciamos y advertimos que de no poner freno a estas iniciativas del Poder Ejecutivo, la calidad de vida de la inmensa mayoría de nuestro pueblo se verá afectada de forma negativa sumergiendo mas aun a aquellos sectores que al día de hoy ya se ven vulnerados en sus derechos, y se ampliará ese sector de la población generando así mas desigualdad social con todo lo que ello conlleva".
La Intersocial, organización "que nuclea las más variadas expresiones de organizaciones populares, se moviliza hoy exigiendo, una vez más, respuestas ante la emergencia social. Reclamamos un presupuesto justo, que atienda las urgencias, las verdaderas urgencias de nuestro pueblo. Un presupuesto que priorice la deuda social, esa en la que se ingresa muy fácilmente, pero que para salir de ella lleva décadas, dolor sufrimiento y postergaciones. Exigimos también verdad y justicia".
La Intersocial "responde a las mejores tradiciones de nuestro pueblo, es expresión de la unidad histórica construida por generaciones de mujeres y hombres que han contribuido con su vida a construir lo mejor de nuestro país
Estamos convencidos y convencidas que a la gran ofensiva neoliberal hay que oponerle un gran Frente Social, será un largo camino de maduración pero estamos seguros que no existe otra forma de lucha, la unidad de acción, con un plan de movilizaciones será la herramienta fundamental que nos permitirá conquistar nuestros justos reclamos.
Nos hermana la solidaridad, esa es la génesis de la Intersocial. Un espacio de encuentro, abierto a todas las personas que pretendemos construir en colectivo una sociedad más justa, un país en el que el dolor no nos sea indiferentes, en el que la injusticia no sea el resultado de la desidia".
Es en este marco que "convocamos a la ciudadanía a sumarse con motivo de paro general activo del 17 de setiembre del movimiento sindical a la jornada de recolección de alimentos y productos de limpieza e higiene que se llevará a cabo ese día en la Sede del PIT CNT en Giménez 431.
Por trabajo, salario, educación, salud y vivienda.
Violencia de Género: Emergencia Nacional.
Sin presupuesto es puro cuento.
UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA", concluye la declaración de la INTERSOCIAL DE SORIANO.