Montevideo, 17 de agosto de 2020
Declaración pública de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU)
1) El Presupuesto Nacional es la expresión económica financiera de un programa de gobierno. En él se estipulan los ingresos y egresos en el Estado, prioridades en términos de inversión pública y de determinadas áreas, distribución de la riqueza generada, papel del Estado en el desarrollo nacional, entre otros importantes temas, con una proyección quinquenal más allá de los posibles ajustes que se puedan realizar en las sucesivas Rendiciones de Cuentas dentro del período. Es por lo tanto una norma que involucra y debe preocupar y ocupar al conjunto de nuestra sociedad.
Constitucionalmente el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 31 de agosto para enviar al Parlamento Nacional el Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones del Estado. Similar plazo rige para los organismos autónomos de la educación ANEP, UDELAR y UTEC, los cuales están habilitados por la misma Constitución a hacerlo a través de una propuesta diferente a la que envía el Poder Ejecutivo.
2) Mayor importancia, preocupación y ocupación por parte de la sociedad debe dársele a la elaboración, discusión y aprobación del Presupuesto Nacional, en momentos que nuestra realidad está siendo fuertemente influida por una emergencia sanitaria, que ha profundizado una emergencia social y económica que afecta a amplios sectores de nuestra sociedad, determinada por la pandemia del COVID19.
En esta coyuntura, los principales organismos internacionales han puesto la mirada y el acento en el papel del Estado, y en especial vienen recomendando a estos la necesidad de aumentar la inversión pública con el objetivo de atender las demandas derivadas de la emergencia sanitaria, económica y social que dicha pandemia ha generado a nivel mundial, y de la cual nuestro país no está exento.
3) La coalición gobernante viene impulsando un programa funcional a los intereses de aquellos sectores que componen su base social de apoyo, que objetivamente es contrapuesto a los intereses de las inmensas mayorías populares, de base neoliberal y conservador.
Desde la campaña electoral estas fuerzas políticas han venido sosteniendo un ajuste estructural del Presupuesto Nacional de 900 millones de dólares con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Por ello, desde el movimiento sindical siempre sostuvimos que dicha propuesta de ajuste fiscal sólo era posible en el marco de un recorte sustantivo en la inversión pública, que afectaría a todo el Estado y particularmente a áreas claves para la vida de nuestra gente como educación, salud, vivienda; así como menos puestos de trabajo, rebaja y pérdida salarial. Las actuales definiciones del Poder Ejecutivo en materia presupuestal parecen confirmar, lamentablemente, que teníamos razón en tales afirmaciones; y además parecen confirmar que al mismo, en las actuales circunstancias de emergencias varias, sólo le sigue importando el “malla oro” y no el pelotón, que constituimos la mayoría de uruguayas y uruguayos.
4) Conviene señalar que el ajuste fiscal comenzó mucho antes que se decretara la emergencia sanitaria, y que no sirve y no es correcto utilizarla para justificar el mismo. Desde que asumió, el Poder Ejecutivo ha tomado definiciones tales como la devaluación del peso uruguayo frente al dólar, con la consecuente disparada de la inflación; dictó el Decreto 90/2020 que recorta el gasto en el Estado en un 15% afectando con ello el funcionamiento de áreas claves del Estado; suba de tarifas de servicios públicos; rebaja en el descuento del porcentaje del IVA por el pago con tarjetas; creación de nuevos impuestos “temporarios” que afectó a trabajadores del sector público; pérdida de salario real en el sector trabajador privado. Medidas todas que han afectado a trabajadoras y trabajadores, jubilados y pensionistas, mientras que el gran capital concentrado, beneficiado por este conjunto de medidas, aplaude.
5) La propuesta de construcción presupuestal del Poder Ejecutivo se inscribe en la perspectiva política estructural de ajuste; reflejando, a su vez, el impacto de la LUC (Ley 19889) y sus implicancias en la continuidad del ajuste estructural del Presupuesto del Estado (Regla fiscal) De allí que esta instancia presupuestal constituye una nueva avanzada del ajuste fiscal, el cual se profundizará en los próximos años.
En esta instancia se promueven limitaciones a la inversión pública, con especial afectación a las empresas públicas; recortes en salud, educación, asistencia social, vivienda y obra pública; reducción de personal mediante reestructuras organizacionales o directamente limitando el ingreso de funcionarios al Estado en relación tres a uno con el único objetivo de lograr economías; pérdida salarial para el conjunto de los funcionarios, así como pérdidas de derechos que implican una mayor rebaja salarial, entre otros lineamientos.
6) La Educación Pública, como otras áreas del Estado, no escapa a este proceso de ajuste fiscal. Conjuntamente con el proceso de ataque público orquestado intencionalmente y su desmantelamiento, privatización y mercantilización promovido desde la LUC, es puesta hoy bajo sospecha, y por extensión sus trabajadoras y trabajadores, ante nuestra sociedad. Esto tiene como objetivo ser un fundamento para perpetrar el ajuste fiscal sobre su presupuesto, sin considerar siquiera el aporte que esta ha hecho, conjuntamente con otras áreas del Estado, en el enfrentamiento a la pandemia, así como la necesidad de fortalecerla para atender las actuales demandas que la situación social, económica y sanitaria plantean.
7) En la ANEP se promueve un AJUSTE DEL GASTO, coincidente con la línea política de ajuste estructural impulsada por el Poder Ejecutivo, en áreas claves como alimentación escolar, boleto estudiantil, creación de grupos, apoyaturas pedagógicas a los estudiantes, eliminación de cargos docentes y de funcionarios de gestión y servicios, limitación a las suplencias como política que asegure la continuidad educativa, y se incursiona, por mandato de la LUC, en la definición de políticas educativas desde un análisis de eficiencia educativa que a mediano y largo plazo hará que la calidad, la cantidad y el tiempo pedagógico de los alumnos se vean disminuidos de forma importante.
Es claro que estos recortes afectarán, directa y sustantivamente, las condiciones de aprendizaje y la formación de nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en especial de los sectores más pobres; así como también las condiciones de trabajo del conjunto de trabajadoras y trabajadores de la administración.
8) La Universidad de la República cumple un papel fundamental en la formación terciaria de los jóvenes y la posibilidad de acceso a más educación a lo largo de toda la vida. Atiende una cantidad siempre creciente de estudiantes de grado, posgrado y educación permanente, llevando adelante investigación básica y aplicada, e interactuando con todo el país a través de la extensión y la asistencia directa. Desde el comienzo de esta crisis sanitaria, la UdelaR ha actuado de forma rápida y coordinada para dar una respuesta adecuada y responsable según las necesidades de estudiantes, funcionarios/as y de la sociedad en general. También ha realizado una directa e importante contribución en el combate de la pandemia y las consecuencias sociales y económicas de esta, poniendo a disposición del país todos sus recursos humanos y materiales, actuando en diferentes áreas (salud, científica, tecnológica y social).
Esto incluye al Hospital de Clínicas, bridando atención a miles de uruguayos de todo el país y participando en la primera línea de combate contra el COVID-19.
El recorte presupuestal establecido en el Decreto 90/2020 constituye un importante escollo en la capacidad de actuación de la UdelaR y su hospital universitario, poniendo en peligro la ejecución de planes estratégicos para el desarrollo de la institución.
A su vez, las recientes manifestaciones públicas vertidas por integrantes del Poder Ejecutivo, ignorando la difícil situación presupuestal de la UdelaR, promoviendo el recorte presupuestal y desconociendo los logros educativos y científicos alcanzados por nuestra institución, representan una amenaza para el país en términos de educación, salud, cultura, trabajo e independencia económica.
9) Ante esta situación de ajuste fiscal sobre nuestra Educación Pública, a la cual concurre la mayoría de nuestro pueblo, expresamos:
a- Nuestro más firme compromiso en su defensa, para que siga siendo laica, gratuita, obligatoria y socialmente referenciada.
b- Que en tanto derecho humano fundamental debe ser plenamente ejercida por todas y todos a lo largo de toda la vida en todo el territorio nacional, por lo que es un deber del Estado financiarla, partiendo de un piso del 6% del PBI para los Entes Autónomos más 1% para investigación y desarrollo.
c- Que sigue siendo un compromiso con nuestro pueblo luchar y promover un proyecto educativo que ponga centro en la formación integral de las futuras generaciones de uruguayas y uruguayos, en la perspectiva de contribuir al desarrollo cultural, democrático, social y económico del país, lejos de los proyectos pedagógicos coloniales a los cuales el Gobierno se somete y promueve.
d- Que no renunciaremos a la dignificación y promoción por el respecto a la tarea docente y del conjunto de quienes trabajan en nuestro sistema educativo, que implica contar con mejores condiciones para el desarrollo de las tareas, el derecho a la estabilidad y una adecuada carrera funcional, así como una justa remuneración.
10) Por todo lo anteriormente señalado, al Gobierno Nacional decimos: a- Rechazamos en todos sus términos el proceso de ajuste fiscal en curso sobre todo el Presupuesto del Estado, particularmente en la Educación Pública.
b- Apelaremos, en el marco del Estado de Derecho, a todos los mecanismos Constitucionales y Legales con que contamos para enfrentar este ajuste, así como para promover y concretar soluciones a las verdaderas necesidades y urgencias de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, a pesar de las limitaciones impuestas por la LUC y la emergencia sanitaria.
¡Viva la Educación Pública!
¡Laica, gratuita y obligatoria!
¡Por autonomía y Co-gobierno!
¡Viva la unidad de las trabajadoras y los trabajadores de la Educación!