En la sede del Juzgado Letrado de 2º Turno de Dolores se desarrolló audiencia de control de acusación dirigida por su titular la Dra. Patricia Techera, en el caso que involucra a cinco funcionarios policiales, integrantes del Grupo de Reserva Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Soriano, que participaron de operativo relacionado con la Fiesta de la Primavera de Dolores en octubre 2018, donde se dio la recorada "balacera" en la cual resultara herido de entidad una persona de Flores y también un funcionario policial de la Unidad de Investigaciones de Zona I (Mercedes) a raíz de fuego cruzado, como también una tercera persona.
De la audiencia también participaron el equipo de la Fiscalía Departamental de Dolores, encabezado por su titular Dra. Virginia Sigona y las Adscriptas Dras. Ana Martínez y Cecilia Saavedra (foto), como también los cinco imputados, en el caso de tres de ellos representados por el Juan Vicenti Morandi y los dos restantes por el dr. Luis Moyano, ambos abogados defensores de particular confianza.
Abierta la audiencia por parte de la Dra. Techera, dio la palabra a la Fiscalía para que planteara los hechos que se le imputan a los funcionarios policiales.
En ese sentido, la Fiscal Dra. Virginia Sigona recordó la causa que se le sigue a los imputados Carlos Fabián Hernández Massarino, Rubens Fernando Pisano Alanis, Ángel Sebastián Domínguez Arrue, Renzo Quagliata Ferreira y Federico Daniel Acosta Merino.
Hizo mención a que estas personas fueron formalizadas el 13 de junio 2019 y que en esta nueva instancia se procedía a deducir acusación sobre los mencionados en base a la relación de hechos que dio a conocer.
El 14 de octubre de 2018, en circunstancias del fin de semana popular “Fiesta de la Primavera” que se lleva a cabo anualmente en Dolores, estando a la orden diversos grupos de funcionarios policiales, como ser: personal de Tránsito y grupo de funcionarios de Flores, el Grupo de Reserva Táctico (GRT) de Soriano a cargo del Comisario Adrián Olivera en móvil SMI 1654 y del Cabo Carlos Hernández en móvil 1661, reciben comunicación de que un vehículo Toyota Corolla, NAF 6670, estaría circulando en forma inadecuada por la ciudad, habiéndose ordenado control de rutina para el mismo. Cabe consignar que el móvil 1661 a cargo del Cabo Hernández estaba compuesto con la siguiente dotación: Cabo Ríos, Cabo Recioppe, Agentes Hegoburo, Agente Muriguenez, Agente Quagliata, Agente Acosta, Agente Domínguez y Agente Eízaga.
Momentos después, siendo aproximadamente la hora 5.00 de la madrugada, dicho vehículo fue ubicado por personal de Unidad de Investigaciones D.T.I. estacionado en la zona del Rosedal, arribando al lugar Tránsito Municipal, conjuntamente en apoyo con personal de GRT, de Soriano y Flores, se procedió a un control de rutina, resultando su conductor la victima Leonardo Adrián Umpiérrez Villarreal, de 34 años, de ocupación mecánico, quien viajaba con dos acompañantes, las que descendieron del vehículo en dicha circunstancia.
Realizado el registro (el cual fuere grabado en la cámara corporal que llevaba Hernández) se constató que los ocupantes del vehículo carecían de armas y drogas y al examen de espirometría, el conductor del mismo, arrojó un resultado positivo de 1,33 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante ello, y a efectos de evitar la aplicación de la multa, Umpiérrez sin sus acompañantes, quienes aguardaron debajo del automóvil, subió a su vehículo e intentó darse a la fuga, cabe consignar que circuló en sentido contrario al que estaban varados los funcionarios policiales. Es en esas circunstancias, que personal policial apostado en el lugar intentó detener el vehículo y para ello el Cabo Hernández y el Agente Pisano, quien acompañaba a personal de Tránsito, comenzaron a efectuar múltiples disparos en dirección directa al automóvil, y a menos de 20 metros de distancia, impactando los mismos en la parte trasera del vehículo, en tanto como se expresó el vehículo intentaba darse a la fuga en sentido opuesto al de la presencia policial.
Cabe consignar, que no existió amenaza inminente alguna por parte de Umpiérrez, quien hasta entonces solo había cometido una falta de tránsito del tipo administrativa e intentaba irse para evitar la aplicación de la correspondiente multa.
No existe explicación, para los actos arbitrarios realizados por los agentes Cabo Hernández y Agente Pisano quienes en un claro abuso de poder efectuaron múltiples disparos contra un vehículo y persona que no representaba riesgo alguno.
A raíz de los múltiples disparos efectuados resultó lesionado el Agente Eduardo Franco Rubil, quien también se encontraba en el lugar cumpliendo sus funciones y debió ser trasladado para recibir asistencia médica de forma inmediata. Las heridas fueron constatadas por médico forense resultando en informe realizado por el Dr. Graña: “Herida de arma de fuego en rodilla derecha que ingresa partes blandas sin orificio de salida. Orificio de entrada en cara interna de rodilla derecha, traumatismo externo en misma rodilla derecha cara externa. Tiempo de curación más de 30 días y tiempo de inhabilitación para tareas ordinarias más de 30 días”.
Por su parte, Umpiérrez logró huir del lugar en su vehículo. Es entonces que, personal de GRT Soriano -que se encontraba observando la escena a escasos metros del lugar- desde el vehículo furgón policial SMI 1661, el que venía hasta entonces a cargo del Cabo Hernández, mientras éste se quedó en el lugar y sin conocer los motivos que dieron lugar a los disparos efectuados, ni mantener comunicación con personal que participó de los hechos, incluso alguno de ellos, sin haber presenciado la totalidad de la escena, salieron conduciendo tras Umpiérrez. Asimismo, personal de Investigaciones hizo lo propio en otro vehículo.
Umpiérrez se desplazó por la ciudad, y personal policial que se encontraba en varios puntos de la misma intentó detenerlo. En esas circunstancias, el personal de GRT Soriano, que viajaba en el vehículo policial mencionado, matricula SMI 1661 intentó obstaculizarle el paso, entrando a contramano en una calle céntrica en las inmediaciones de la plaza Artigas y de frente al vehículo, por lo que impactó contra el primero, logrando la detención del mismo.
No obstante, los funcionarios Quagliata, Acoata y Domínguez descendieron del furgón y le efectuaron múltiples disparos a Umpiérrez. En este sentido dispararon contra el vehículo a escasos metros del mismo, mientras éste se encontraba chocado e intentando volver a huir por la persecución de los disparos que atentaban contra su integridad física.
Umpiérrez, nuevamente, ante los disparos logra escapar del lugar, regresando a la zona del Rosedal, lo que da cuentas de que su intención no era ya escaparse del procedimiento, sino defenderse de los múltiples disparos que atentaban contra su integridad física.
Al llegar a la zona del Rosedal de la ciudad, donde habían permanecido el Cabo Hernández y el Agente Pisano, éstos ante la presencia del vehículo y su conductor, cuando éste ya transitaba, según testigos presenciales, “como frenado y con intención de parar”, comenzaron a disparar nuevamente contra éste, a corta y mediana distancia, lo que continuaron haciendo una vez que el mismo ya había detenido su marcha contra el cordón de la vereda. Así ha sido señalado en vía administrativa por varios testigos, entre quien se destaca el Sargento Pedro Horacio Echeverria, quien afirmó “los policías del GRT de Soriano desenfundan y les pegué el grito que no tiraran y el Comisario del GRT Olivera también les decía a los gritos que no tiraran haciendo estos caso omiso, y empezando a tirarle -nuevamente- muchos disparos al auto que venía lento a paso camino, venía frenado el auto arrastrando la rueda derecha y todas en llanta, le faltaba el parabrisas y la luneta trasera, en un momento veo que el conductor se tira para adelante del volante como desvanecido y ellos siguieron tirando… yo les decía a ellos que no tiraran porque nos iban a matar a nosotros pero siguieron tirando. La distancia sería unos 15 metros más o menos, había personas civiles tanto mayores como menores, incluso un micro como con 8 personas y la gente se iba corriendo por los disparos… nunca aprecié una amenaza real del conductor ni para los policías ni para civiles, por los disparos estuvo muchas vidas en juego tanto para policías como para particulares, así como también la vida del chofer y mi vida. Hicieron caso omiso a una orden clara y directa de su Oficial Jefe a cargo y de mi propia orden que soy Sargento de la Policía Nacional”.
Una vez finalizados los disparos, en una persecución que causó intimidación para todas las personas que se encontraban en el lugar, el Cabo Gil se acercó al vehículo estacionado, conjuntamente con el Comisario Olivera, Jefe del GRT, y se constató al chofer muy herido, abriendo la puerta del mismo para su asistencia, quien ante la urgencia fue trasladado en una camioneta hasta el centro asistencial.
Como resultado de los disparos efectuados por los imputados Hernández y Pisano, que ascendieron en su totalidad a más de treinta en ambas escenas, el vehículo recibió múltiples daños y Umpiérrez varias lesiones graves, por lo que se desvaneció en el lugar presentando abundante sangrado, y debiendo ser asistido de inmediato.
Constatadas las lesiones por médico forense según informe de fecha 27 de febrero del 2019, la Dra. Rosario Ramírez constató “de las lesiones se destaca: pérdida de tejido óseo a nivel del hueso cúbito en antebrazo que ha de requerir injerto. Pérdida de sensibilidad en territorio de nervio mediano en cara ventral de la mano y zonas de hiperestesias (sensación de dolor y ardor persistentes en cara dorsal de los dedos índice y medio). Pérdida de la capacidad de oponer el dedo pulgar por compromiso del nervio palmar lo que dificulta e impide numerosas actividades de la mano. Esta afectación neurológica requerirá largo tiempo de rehabilitación y medicación quedando probablemente con secuelas permanentes las que impedirán numerosas actividades entre ellas la laboral antes desempeñada de taller de chapa y pintura. Asimismo esto ha determinado un cuadro depresivo que hace que el joven se encuentre medicado y en asistencia psicológica”.
A la escena del hecho concurrió personal de Policía Científica dotado por Cabo Julio Pacilio, Cabo Richard Gabriel Sosa, Cabo Erika Peñalba, y Agente Natalia Goró, quienes relevaron todos los elementos que se presentarán como evidencia, realizando relevamiento fotográfico, respetando la cadena de custodia, y habiéndose preservado la escena del hecho por parte del Comisario Mayor Ricardo Coelho. Asimismo se procedió a la incautación de las armas de los cinco imputados, a saber, pistolas Glock calibres 9X19 mm, presentando todas, en sus respectivas pericias, indicios residuales de disparo, obteniéndose vainas y proyectiles de prueba en la escena.
Tras la lectura de los hechos precedentemente mencionados, la Dra. Techera consultó a la Defensa de Hernández, Pisano y Domínguez, el Dr. Juan Vicente Morandi, sobre su posición respecto de la relación de hechos realizada por Fiscalía, indicando que no tenía objeciones al relato de los hechos efectuado y a su vez consultado el Dr. Luis Moyano, Defensa de Quagliata y Acosta, expresó que tampoco tenía objeciones que realizar, ni excepciones probatorias al respecto, por lo que esta etapa se dio por finalizada.
En nota por separado informamos sobre otros aspectos de la audiencia.
Cabe señalar que la siguiente etapa del proceso es la del juicio oral y público que deberá convocarse en un plazo máximo de tres meses y en esa instancia se resolverá si estas cinco personas formalizadas son responsables de las conductas imputadas o no, y si las penas solicitadas por Fiscalía son las que recogerá el Juez que dará la sentencia y que será un magstrado que hasta ahora no ha participado en ninguna de las instancias del proceso.

LOS DELITOS Y LAS PENAS
Para el caso de los imputados Carlos Hernández y Rubens Pisano, se los acusa de un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley en concurso formal con dos delitos de lesiones graves agravadas por el uso de armas apropiadas, se solicita la pena de tres años de penitenciaria, multa de 100 unidades reajustables e inhabilitación especial de tres años.
En el caso de Angel Domínguez Arrúe, Federico Acosta Merino y Renzo Quagliata Ferreira como autores de un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley según previsiones de los artículos 1, 3, 18, 60 numeral 1°, 162 del mismo cuerpo normativo, se solicita la pena de 24 meses de prisión, multa de 100 unidades reajustables e inhabilitación especial de tres años.