Al comparecer ante legisladores y senadores de la Comisión de Seguimiento Carcelario, el comisionado penitenciario planteó 21 puntos como “hoja de ruta”, “temario de referencia” o “acuerdo base” para el avance y transformación del sistema carcelario: prioridad al trabajo técnico y educativo, asistencia social a las familias, salud y salud mental, atención de adicciones, penas alternativas, emprendimientos productivos, fomento y regulación del trabajo carcelario asistencia al egreso, forman parte del menú de propuestas.
El Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, relató, en la primera reunión de la presente legislatura de la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario, los trabajos realizados la Oficina a su cargo durante el período 2015-2020 y señaló los desafíos que implica para el país la realidad carcelaria.
El funcionario señaló la magnitud del desafío que tiene el país por delante con el sistema carcelario: “Hoy tenemos 12.158 personas presas, el ritmo de aumento es de 1,1% mensual, lo que nos hace pensar que en diciembre vamos a tener más de 13.000 presos. Se llama hacinamiento crítico, colapso de las posibilidades de rehabilitación. Tenemos 344 presos cada 100.000 habitantes, ocupamos el puesto 26 entre 223 países. Es un sistema gigante, ya infinanciable y que si sigue creciendo, como es probable, nos va a condenar a tener altos niveles de reincidencia e inseguridad. Algo falla en nuestras políticas sociales que hace que muchos problemas sociales –deserción educativa, rupturas familiares, pobreza, desempleo, adicciones– terminan en la cárcel como última barrera de contención. No solo es grave, es presagio de cosas peores”.
“Es un monstruo grande y pisa fuerte”
Petit dijo que es imposible pensar en seguridad pública sin un sistema penitenciario eficiente y sin políticas sociales e intervenciones socioculturales que lleguen de manera potente a todos los ámbitos con exclusión social. “Solo la humanización evita la violencia, y eso pasa por el acceso a educación, trabajo, familia, salud, medio ambiente sano, comunicación, participación, o sea: derechos humanos”. “Lo mismo que hay que hacer en el barrio para que no haya violencia, hay que hacerlo en la cárcel para que no haya violencia en la cárcel y para que esa violencia no llegue luego al barrio, a la esquina de todos. No hay seguridad si no hay seguridad de los derechos humanos” dijo.
Al iniciar un nuevo período de trabajo la Comisión Bicameral, el Comisionado presentó un documento de 21 puntos que definió como un conjunto de líneas de acción que proponemos para que la Comisión Bicameral de Seguimiento carcelario, y en definitiva el Parlamento, utilice de manera consensuada como “hoja de ruta”, “temario de referencia” o “acuerdo base”. “Tenemos un problema gigante por delante. Desde 2010 se inició un proceso de reforma penitenciaria que ha sido positivo y ha tenido muchos logros y cambios. Pero la realidad carcelaria, como dice la canción de Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte. Por lo tanto se necesitan acuerdos para avanzar hacia la construcción de una política pública que nos permita alcanza un sistema penitenciario apto a las demandas del siglo XXI”, dijo el comisionado.
El funcionario parlamentario planteó, como rubros de la “hoja de ruta” que propuso como asesor del Parlamento: prioridad al trabajo técnico y educativo, atención de adicciones, asistencia social a las familias, salud y salud mental, penas alternativas, involucramiento de los organismos de políticas sociales en las cárceles, emprendimientos productivos, fomento y regulación del trabajo carcelario, asistencia al egreso y fomento de la capacitación y del emprendedurismo para que los presos vuelvan a la calle con una posibilidad real de inserción”.