El Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó datos del Informe 2019 que visualizan las carencias del sistema carcelario. Académicos de la Universidad de la República (Udelar) reflexionaron sobre diferentes aspectos para entender la situación carcelaria y los aportes que puede realizar la Udelar en cuanto a los sistemas de información, las políticas públicas, la medicina legal y la educación.
En la ocasión, participaron: Ana Vigna del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales; Juan Ceretta del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho; Hugo Rodríguez del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Facultad de Medicina; y Gabriela Pasturino de la Comisión Central de Estudios en Privación de Libertad de la Comisión Sectorial de Enseñanza la Comisión Sectorial de Enseñanza. El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, realizó una reflexión final sobre el trabajo de la Universidad en esta temática.
Carencias del sistema
Petit señaló que el sistema carcelario tiene 12.016 internos, llegando al máximo histórico en Uruguay, y tiene 328 presos cada 100.000 habitantes. Es el segundo país de América Latina que tiene más presos, después de Brasil. La prisionización afecta especialmente a los jóvenes, 1,66% del promedio general de varones están privados de libertad, y 0,88% de los jóvenes de hasta 29 años.
Explicó que cuando no hay acceso a la educación, se dan condiciones de hacinamiento y de insalubridad, no hay actividad física ni laboral, y «existe un trato deshumano y degradante». Agregó que es muy frecuente que los privados de libertad tengan una historia de deserción educativa muy temprana y de malas condiciones de crianza, en especial en la primera infancia. Muchas veces la transgresión delictiva se acompaña del consumo de drogas y deterioro progresivo de la salud mental. Por eso es necesaria la intervención temprana: «la convivencia pacífica comienza en la cuna», el afecto es la base y cuando no está, se generan rajaduras que son difíciles de soldar.
La educación en cárceles alcanza un 28%, porcentaje que se mantiene estable. Las personas en cárcel, indicó, requieren una capacitación dinámica para insertarse en la sociedad, pero existe una falta de programas y ordenamiento educativo para la población carcelaria. En cuanto a la actividad laboral dentro de la cárcel indicó que hay más personas ocupadas de lo que había hace 10 años, pero hay muchos problemas en el registro. A esto se le suma que solo el 10% reciben un salario, no están registrados en la seguridad social y trabajan en malas condiciones de salubridad. Además los edificios carcelarios se mantienen por el trabajo de los presos.
Otro de los problemas señalados por el Comisionado son las muertes en custodia: la tasa de homicidios en cárcel es 19 veces más alta que el promedio nacional y la de suicidios 4 veces más alta. Preocupa también la situación sanitaria carcelaria, hay cifras alarmantes como la de los casos de tuberculosis. Petit indicó que sólo el 65% de los presos está cubierto por Administración de los Servicios de Salud del Estado, los demás no tienen cobertura de salud.
Acerca de las recomendaciones para la situación en cárceles, expresó que aunque la creencia general es que cuánto más presos, mayor seguridad, y que con medidas más represivas se delinque menos, en la práctica se ha demostrado lo contrario. Citó la experiencia de la ciudad de Texas, Estados Unidos, que empezó un proceso de reforma donde verificó que sistemas penitenciarios gigantescos generaban más delincuencia y más crimen organizado, más familias rotas y, por tanto, más irrupción en la sociedad. Petit concluyó que es necesario crear una política social en educación, aunque hay 100 personas estudiando a nivel terciario en el sistema carcelario, es mucho mayor la cantidad de privados de libertad que no saben leer ni escribir.
Información en perspectiva de derechos
Vigna compartió la información de un proyecto que recientemente presentó el Núcleo de análisis de la criminalidad y la violencia de la Facultad de Ciencias Sociales en conjunto con la Oficina del Comisionado Parlamentario (OCP), en el marco del Programa de Vinculación Universidad – Sociedad y Producción de la Comisión Sectorial de Investigación Científica para mejorar los datos para el sistema penitenciario: Desarrollo, validación e implementación de sistemas de información y el ejercicio de derechos de la población privada de libertad.
Explicó que el proyecto se fundamenta en el contexto de crecimiento constante de la población privada de libertad y las demandas permanentes y urgentes. El objetivo es generar un salto de calidad en el desarrollo, la implementación y aprovechamientos de los sistemas de información de la OCP, que habiliten el reporte continuo de indicadores válidos y confiables sobre las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de población privada de libertad. Asimismo, se pretende continuar promoviendo la cultura de la transparencia y el acceso a datos y el abordaje del sistema penitenciario en perspectiva de derechos humanos
En este sentido, se pretende mejorar la calidad y el aprovechamiento estadístico de tres fuentes de información: el registro informático de planteos y denuncias que surge por la propia población privada de libertad y sus familias; el registro de muertes en custodia penitenciaria; y el registro de auditoría de las unidades que servirá para que los asesores de la OCP puedan aportar en las distintas dimensiones y alimenten este sistema de información cuando trabajen en territorio.
El grado de desarrollo de cada uno de estos registros es diverso y la articulación con la Udelar va ayudar para delimitar dimensiones de análisis, construcción de indicadores, desarrollo de instrumentos de registro, elaboración de rutinas de análisis y herramientas de visualización de resultados y la creación de de códigos y manuales para el registro.
Con respecto a los datos que brindó Petit, Vigna se refirió al riesgo de reincidencia: «podemos afirmar que dos de cada diez personas que están presas tienen un bajo índice de reincidencia y eso debilita fuertemente los argumentos incapacitadores del sistema carcelario, sin embargo, deja en pie las consecuencias perversas del encarcelamiento y los efectos colaterales». En este sentido, remarcó la importancia de «tener información de calidad y actual y reivindicar la información que hoy está disponible sea tenida en cuenta para las políticas públicas».
Exclusión y políticas públicas
Juan Ceretta señaló que el informe aporta información muy valiosa para conocer la realidad de la situación carcelaria en materia de Derechos Humanos (DDHH). Añadió que uno de los datos que más impacta es la enorme cantidad de presos que tiene la población carcelaria de Uruguay, que lo ubica en el lugar N.° 28 a nivel mundial. Para Ceretta esto se debe a la política sistemática de encarcelamiento masivo que se aplica en nuestro país para atender la inseguridad. Acotó que la Ley de Urgente Consideración incrementa las medidas en este sentido.
Asimismo, sostuvo que el encarcelamiento masivo además de lesionar los DDHH en la situación de cárceles, no soluciona la delincuencia y la inseguridad. Citó la experiencia de las cárceles de Estados Unidos donde una investigación con una visión economicista de costo-beneficio concluyó que el encarcelamiento no mejora la delincuencia, sino que trae perjuicios y discriminación social y económica, es necesaria una mayor inversión para atender la reincidencia, y los reincidentes no necesitan más cárcel, sino políticas públicas.
Ceretta afirmó que para atender a la situación de la población carcelaria es necesario conocer a los presos. En este sentido, señaló que el informe marca como principales características de los integrantes de la población carcelaria el consumo de drogas, problemas de salud mental, discapacidad y situaciones de discriminación social. En cuanto a las acciones que los llevan al encarcelamiento, de acuerdo al informe la mayoría llegan por delitos comunes contra la propiedad, principalmente hurtos, y en menor porcentaje rapiñas, actos que tienen origen en situaciones de exclusión.
Añadió que es necesario trabajar para que la educación llegue a todos los ámbitos carcelarios, construir conocimiento de una forma participativa con las personas en situación de cárcel. El sistema penitenciario involucra a la población más pobre y tiene que ver no con desigualdades individuales sino estructurales, entonces le corresponde a las universidades públicas aportar para solucionar estas desigualdades. En este sentido, la Udelar debe llegar al sistema carcelario con más propuestas de enseñanza, investigación y extensión.
Medicina legal humanitaria
Rodríguez planteó que la Udelar debe lograr que la persona privada de libertad siga integrada al torrente social, pues solo está privada de su libertad física pero esto no puede afectar el ejercicio del resto de los derechos que le corresponde como persona. Desde su disciplina, la Medicina Legal, expuso sobre dos ejes temáticos. Respecto al primero, al sanitario, afirmó que la facultad propone que los privados de libertad tengan un carné de salud penitenciario. Explicó que el Estado no puede ingresar a una persona a la cárcel sin saber cuál es su estado de salud y a partir de este carnet surgirían obligaciones para mantener su salud.
El segundo eje es el de derechos humanos en los tratos. Comentó que la Medicina Legal se dedica al diagnóstico de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tratos que están plenamente vigentes, destacó. Esto incluye también la investigación de la muerte bajo custodia: se reconoce que toda muerte bajo custodia es sospechosa, es decir, que necesariamente requiere una investigación que le corresponde, en gran parte, a la Medicina Legal. Este segundo eje pertenece a lo que se considera un nuevo campo en la medicina forense: la medicina forense humanitaria, que en Uruguay tiene la particularidad de desarrollarse desde lo público y lo académico, es decir, desde la Udelar. Aclaró que es extrajudicial, pero puede tener consecuencias judiciales y está estrictamente vinculada a los derechos humanos.
Por último, resaltó que la acción de la Universidad en las cárceles tiene que incluir las tres funciones universitarias: enseñanza, investigación y extensión o actividades en el medio. Respecto a la enseñanza, afirmó que debe abarcar la educación de las personas privadas de libertad, pero también una formación de pregrado y grado para funcionarios del sistema carcelario. En este sentido, considera que en la Facultad de Medicina debería haber por lo menos un diploma en Medicina Carcelaria, que requiera un abordaje académico y un capital humano formado expresamente en ese sentido.
Recordó que existen las prácticas preprofesionales, investigación y asesoramientos técnicos, convenios concretos para atender algunos problemas; y destacó que es fundamental que todas las actividades que la Udelar realice en el sistema carcelario tienen que tener una alta calidad académica, una valoración ética independiente, que terceros sean quienes valoren si esa intervención significa un beneficio para las personas vulneradas o si lo es solo para estudiantes y docentes. Explicó que las poblaciones vulneradas no deben ser «un objeto usado, con las mejores intenciones, por los universitarios para cumplir sus funciones; debemos tener cuidado de no llevarnos puestos los derechos de los individuos», concluyó.
La que está rota
Pasturino recordó que en 2016 la Udelar «ingresó» al sistema penitenciario ayudando a la formación de menos de 10 personas. Actualmente, hay más de 100 internos inscriptos en 15 carreras, y cada año unos 100 tutores acompañan a los estudiantes privados de libertad. Agregó que, si bien la Udelar mantiene discusiones internas acerca de esta iniciativa, en el Consejo Directivo Central ha ganado espacio la postura que coloca a la institución como garante del derecho a la educación y la continuidad educativa de las personas privadas de libertad. Señaló que la actual epidemia de COVID-19 plantea la oportunidad de reconocer que «era posible trabajar con educación a distancia, era posible adaptar algunos cursos», y permitió adelantar pasos en discusiones que ocurrían en algunos servicios.
Con respecto a la recomendación del comisionado de aumentar la cantidad de plazas ofrecidas por la Administración Nacional de la Educación Púbica (ANEP) y la Udelar para la formación de personas privadas de libertad, Pasturino destacó la necesidad de generar infraestructura y condiciones para que aquellas que se ofrecen realmente se ocupen, de manera que los estudiantes puedan tener una trayectoria educativa.
Sobre el ingreso de las instituciones educativas a los centros penitenciarios, propuso incentivar el diálogo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, «romper un poco las lógicas institucionales» y lograr que todas puedan cogestionar el espacio educativo de las cárceles. Es necesario que la Udelar y la ANEP puedan garantizar la obligación que tienen con los estudiantes privados de libertad, al igual que lo hacen con el resto de los estudiantes. En esto también juegan un rol los operadores judiciales, responsables de otorgar salidas transitorias para estudiar. Destacó el trabajo de los operadores y policías penitenciarios que hacen un esfuerzo enorme para que el derecho a la educación se haga efectivo dentro de las unidades.
Ante los discursos en favor de recortar aún más los derechos de las personas privadas de libertad, recordó que estamos en un Estado de Derecho, que como tal debe garantizarlos. Apelando al recurso didáctico que utiliza el Poder Ejecutivo, expresó que «tenemos 1500 perillas que operan en el sistema carcelario y siempre hay una que está rota, que es la punitiva». Afirmó que hace décadas que está rota, independientemente de los gobiernos de turno, «no produce ninguno de los efectos» que se esperan de ella.
Agregó que la Ley de Urgente Consideración propone crear la figura del «adulto joven» en el sistema penitenciario, que tendrá prioridad en el acceso a la educación. Esto significa «dejar afuera de la cárcel a la Udelar automáticamente, porque no tenemos estudiantes menores de 23 años». Respecto a la redención de pena, comentó que muchos estudiantes privados de libertad aseguran que estudian en la Udelar solo por esa razón, pero «luego esa motivación se transforma». Aunque es necesario investigar al respecto, se percibe «un cambio enorme en las personas que estudian, en los vínculos con sus familias, operadores y policías».
Democratizar el conocimiento
Por último, el rector señaló que en nuestra sociedad existen posiciones que intentan utilizar el miedo como arma para generar acumulaciones políticas, pero la democracia consiste en tener una discusión abierta, con diferencias, pero que se expresen fundadamente, y «en esto la Udelar puede aportar». La Universidad, aclaró, no tiene respuestas unívocas ni unanimidad de posiciones.
Su rol central es crear y democratizar conocimiento de alto nivel. Esto, explicó, no es un acto voluntarista y requiere compromiso institucional, reconocer la heterogeneidad y las desigualdades, puesto que no pueden utilizarse los mismos instrumentos y dispositivos para enseñar en un contexto universitario tradicional que en un contexto penitenciario, y tampoco son iguales las condiciones en los distintos centros de reclusión. El voluntarismo es una enorme fuerza motora, afirmó, pero no sostiene redes institucionales de larga data y en este momento es necesario identificar dónde están los problemas para enseñar en contextos de encierro y diseñar políticas públicas estables.
Concordó con Rodríguez en que la Udelar debe combinar sus tres funciones, porque si no corre el riesgo de instrumentalizar al estudiante en privación de libertad y discontinuar los procesos en marcha. Se requieren mecanismos de estabilidad institucional, enfatizó y mencionó ejemplos de iniciativas puntuales de distintas facultades y servicios, pero «no podemos funcionar con impulsos espasmódicos, debemos ser capaces de mantenerlos en el tiempo». También reconoció que no se ha podido asegurar que los estudiantes privados de libertad accedan al derecho de la Beca Laptop, porque no tienen asegurada la conectividad en los centros penitenciarios en este momento.
Para finalizar, sostuvo que el problema carcelario no se limita a quienes están privados de libertad, sino que hay otros aspectos a investigar, como por ejemplo, encuestas de seguimiento a las familias de esas personas: «¿qué porcentaje de niños provienen de hogares con alguien privado de libertad? ¿qué implica esto, además de la desconexión social y la crisis familiar? Hay que entender ese mundo sin instrumentalizarlo, para construir políticas públicas», concluyó.
(*) fuente Udelar
