Durante 2019, 27 periodistas y trabajadores de la prensa fueron asesinados en las Américas por motivos presuntamente vinculados con el ejercicio periodístico. Esta cifra se mantiene dentro de la tendencia de la última década en relación con los ataques graves a comunicadores, según surge del Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el informe, divulgado este martes 7de abril, la Relatoría Especial llamó la atención en relación con la generalización en la región de una narrativa que “estigmatiza a periodistas y medios de comunicación, dirigida por altas autoridades públicas de modo intencional y que es seguida de ataques coordinados en redes sociales”. Esta práctica, presente en una diversidad de Estados – incluso con gobiernos democráticamente electos-, incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de los y las periodistas a sufrir represalias, hostigamiento físico y acoso en línea.

En el caso de Uruguay, la Relatoría Especial observó que, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Uruguay se realizaron denuncias sobre difusión de campañas de desinformación deliberada. Destacó que alrededor de 70 medios de comunicación, instituciones y organizaciones de la sociedad civil pusieron en marcha un programa de verificación de información denominado Verificado.uy, que jugó un rol destacado en la verificación de información.

Asimismo, la Relatoría Especial resaltó la aprobación del decreto que aprueba el Plan de Acción de Gobierno Abierto, que propondría realizar reformas a la Ley N° 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública (UAIP) para actualizar las obligaciones de transparencia de los organismos públicos gubernamentales y no estatales.

También, la oficina destacó avances respecto a varias decisiones judiciales que protegieron la libertad de expresión y ordenaron archivar denuncias penales solicitado por actores políticos contra varios medios de comunicación en el marco de un debate sobre la participación de esos dirigentes en la dictadura militar (1973-1985).

En Uruguay

En el caso de  nuestro país la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puntualiza  que   el  año pasado se  observó “que, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Uruguay se realizaron denuncias sobre difusión de campañas de desinformación deliberada”.  Destacando  también los “avances respecto a varias decisiones judiciales que protegieron la libertad de expresión y ordenaron archivar denuncias penales por  y un derecho a réplica solicitado por actores políticos contra varios medios de comunicación en el marco de un debate sobre la participación de esos dirigentes en la dictadura militar (1973-1985)”.

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