El pasado viernes 1º de noviembre se cumplieron dos años de la puesta en práctica del nuevo proceso penal. Se trata de una de las principales transformaciones en el sistema de administración de Justicia, que pasó de un régimen inquisitivo a uno acusatorio en el que la responsabilidad de la investigación penal recae sobre los equipos fiscales con el auxilio de la Policía, reservándose a los jueces el rol fundamental de tercero imparcial que resuelve el conflicto.
El sistema está dotado de mayores garantías y transparencia al permitir el ingreso de la ciudadanía y de la prensa a las audiencias que resulten de interés, salvo casos excepcionales que estén debidamente fundados.
También se ganó en eficacia, ya que en el primer semestre de 2019 se lograron casi 9% más imputaciones que en el mismo período de 2017. La duración de los procesos penales se acortó notoriamente, pasando de un promedio de entre 13 y 18 meses a menos de un mes.
Uno de los principales objetivos de la reforma fue disminuir la cantidad de presos sin condena, un aspecto que había merecido cuestionamientos internacionales a Uruguay. Hoy dos de cada tres presos tienen condena, mientras que antes era solamente uno.

Compartimos un video realizado por Fiscalía General de la Nacional exponen las principales transformaciones registradas.