Comenzó el lunes el taller "Libertad de Expresión, Acceso a la Información y Seguridad de los Periodistas" que se desarrolla en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) a través de un convenio con UNESCO y el apoyo financiero del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación.
Se trata de un curso muy concentrado y presencial, que insumirá cinco días de trabajo continuo y que está dirigido a una veintena de jueces comprometidos a obrar como replicadores en instancias que se desarrollarán más adelante en la capital y en el interior del país.
El primer módulo tuvo como eje temático la introducción general al marco jurídico internacional de la libertad de expresión y fue desarrollado por el Consejero de Comunicación e Información para el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y Chile) de la Unesco y Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia, Guillherme Canela.
El expositor puso énfasis en lo que consideró el interés clave de la actividad: comprender la importancia de la protección de la libertad de expresión, actividad en la cual consideró al Poder Judicial como un elemento trascendente en el marco de la democracia y la defensa de los Derechos Humanos. Canela argumentó que esta relevancia está hoy más vigente por los ataques generalizados ocurridos en los últimos años, tanto hacia el sistema de Justicia como a la propia libertad de expresión. Dijo que este último es un derecho fundamental distinto de los demás en la medida que nos define como seres humanos y permite nuestro desarrollo en el marco de esa condición.
Reflexionó que para el caso de los jueces se plantea un doble desafío, porque no solo tienen que proteger a los individuos para el goce del derecho de acceso a la información pública, sino que también, como organismo del Estado, deben dar el ejemplo a través de sus propias acciones. Este desafío doble no se presenta para los demás poderes estatales, porque no tienen que garantizar estos derechos del modo que debe hacerlo el Poder Judicial. El acceso a la información pública es un tema que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, al punto que tan solo cuatro países de Latinoamérica no tienen todavía una ley que expresamente establezca ese derecho de acceso.
Según el último índice de Latinobarómetro la media de confianza en el Poder Judicial está un poco por encima del 20 % en la región y Canela cree que esto se debe, entre otros factores, a la percepción en relación a la facilidad de acceso a la información pública, así como a la relación de los jueces con los medios de comunicación, aunque recordó que en el caso de Uruguay este índice se eleva al 41 %.
Finalmente, Canela abogó porque la actividad de la semana redunde en mejores decisiones judiciales para el futuro.