El Fiscal Especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Dr. Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento de tres exmilitares y un expolicía por los delitos continuados de privación de libertad, abuso de la autoridad, atentado violento al pudor y lesiones graves, de acuerdo a lo que informa el semanario Búsqueda.
Ello relacionado con la denuncia que en el año 2011 presentó un grupo de 26 mujeres, expresas políticas, entre las que se que se encuentra la mercedaria Jacqueline Gurruchaga, como informara @gesor oportunamente, las que denunciaran que fueron víctimas de torturas y abusos sexuales por parte de decenas de agentes estatales y oficiales de las Fuerzas Armadas durante 1972 y 1983, cuando fueron detenidas en unidades militares, policiales y centros clandestinos.
Entre los acusados se encuentra el coronel retirado del Ejército Jorge Silveira Quesada, actualmente preso en la cárcel de Domingo Arena por otros delitos cometidos durante la dictadura; también el mayor retirado del Ejército Antranig Ohannessian, quien fue integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y fue detenido en 2013 por la Causa Cóndor abierta en Italia, aunque finalmente no fue extraditado. Los otros dos imputados son el exteniente coronel?del Ejército Julio Ebel Litovsky y el excomisario Silcar Lara Borges, jefe del Departamento IV de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía en 1983.
Los pedidos de procesamiento del fiscal Ricardo Perciballe, a los cuales accedió Búsqueda, forman parte de la misma denuncia por la cual en 2015 Amodio Pérez fue procesado con prisión por la jueza Julia Staricco, como presunto autor responsable de reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados.
La jueza Staricco, que debe ahora pronunciarse ante la solicitud de Perciballe, informó a Búsqueda que deberá aguardar a que se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad que presentaron los imputados ante la Suprema Corte de Justicia. Las defensas reclaman la nulidad del proceso bajo el argumento de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad no tiene competencia para intervenir en ellos. Uno de los acusados también alegó que los delitos de los que se lo acusa ya prescribieron.
LO QUE SURGE DE LAS DECLARACIONES
Entre octubre y noviembre del año pasado los denunciados declararon ante Perciballe. Los cuatro negaron haber interrogado a las detenidas o propinarles “apremios físicos”. En su denuncia las mujeres señalaron que, tras ser detenidas, se las interrogó mediante distintos tipos de torturas (submarino, picana eléctrica, caballete, plantón, colgamientos) y fueron “desnudadas” y “manoseadas”.
Para el caso de Silveira, el fiscal entendió que “lo real es que el indagado no solo se encontraba en los lugares donde sucedieron los hechos denunciados, sino que este es reconocido por un número muy importante de víctimas que lo sindican como partícipe”, por lo cual “su responsabilidad surge diáfanamente acreditada”. En cuanto a Ohannessian, el pedido de procesamiento señala que de lo manifestado por una de las denunciantes y los testigos descriptos supra, “surge que efectivamente participó en el interrogatorio y apremios físicos” de una de las víctimas.
“No cabe lugar a dudas de que parte de los hechos descriptos se adecuan a la figura penal prevista en el artículo 22º de la Ley 18.026 que prevé que el que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad, será castigado con veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría”, señaló Perciballe.
Fuente: Búsqueda y @gesor