Como informáramos ayer, los trabajadores de Soriano se movilizarán esta tarde en protesta contra las determinaciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia que removió a la Jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil. La magistrada tenía a su cargo un importante número de casos relacionados a violaciones a  los Derechos Humanos cometidos en la pasada dictadura cívico militar.  Además declaró la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de  la Ley de Caducidad.

En la noche de ayer se reunieron los  integrantes de la Comisión Memoria y Justicia de Soriano, integrada por ex presos políticos  y  familiares de  víctimas de la pasada dictadura resolviendo plegarse a esta manifestación que se realizará hoy a las 19 hs. en Plaza Independencia de Mercedes.

Más controversia

El diario El Observador da cuenta de  otros casos claves  que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia y que podrán  acarrear nuevas críticas. Indicando que pueden caer también las leyes de Pluna, de patente única y del impuesto a los jubilados.

A continuación reproducimos dicho artículo incluido en la edición de hoy lunes del diario El Observador:

Los siete aviones que eran de Pluna pueden volver a la masa acreedora de la empresa y por tanto frustrarse el proyecto sindical para crear una nueva aerolínea. La ley de patente única puede caer y con ella uno de los principales logros de este gobierno, lo que provocaría el retorno a la guerra entre las intendencias y a 19 precios diferentes. Los jubilados que más ganan pueden quedar eximidos de pagar un impuesto que abonan desde 2008.

Todas esas decisiones están en manos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que está bajo la presión política del oficialismo.

Es que las definiciones tomadas por esa corporación en las primeras tres semanas posteriores a la feria judicial fueron un golpe duro para los intereses del Frente Amplio (FA).

Declaró inconstitucional el impuesto a la concentración de la tierra, trasladó a un juzgado civil a una magistrada que impulsaba investigaciones de derechos humanos y luego dejó sin efecto la ley interpretativa de la caducidad, con lo que se archivarán todas las nuevas causas en las que se investigaban delitos de la dictadura.

Estos golpes calaron hondo en filas del partido de gobierno, que ahora amenaza con iniciar un juicio político a los ministros de la corporación judicial por una presunta violación a la Constitución en los traslados de jueces. El MPP emitió una declaración el viernes en la que afirma que la SCJ violó el artículo 246 de la carta magna al no consultar al fiscal de Corte antes del traslado de la jueza Mariana Mota.

Además, en filas gubernamentales hay quienes sienten que la Justicia se está transformando en un obstáculo que frena los cambios impulsados en varias de sus iniciativas. El clima de tensión entre el FA y el sistema judicial cada vez levanta más temperatura y en este contexto algunos recuerdan el debate presupuestal del 2011 en el que los ministros perdieron una batalla para aumentarse el sueldo (ver Apunte).  Para la oposición todo esto son amenazas y presiones fuertes a un poder independiente.

Pero la agenda de asuntos a tratar por la SCJ puede agitar cada vez más las aguas. La corporación tiene otros tres temas candentes que involucran reclamos  por la inconstitucionalidad de la patente única, del  Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y de la ley para la liquidación de la empresa Pluna.

Este último caso es el que puede traer consecuencias más graves para el gobierno.

Si la SCJ le da la razón a los acreedores que presentaron los recursos, el proyecto del sindicato de extrabajadores de Pluna de crear una nueva aerolínea se caerá definitivamente. Es que los litigantes pretenden que los siete aviones Bombardier vuelvan a la masa acreedora de la empresa liquidada para poder cobrar de allí las deudas que la aerolínea tenía con ellos.  Los recursos son contra la ley que creó el fideicomiso de Pluna. Los acreedores y un extrabajador litigante sostienen que la ley “lejos de ser impersonal, abstracta y general”, como deben ser las normas, es “particular y decisoria”, por tanto más parecida a una sentencia.

El fiscal de Corte –cuya opinión no es vinculante– sostuvo que la ley no es inconstitucional, pero que el Estado queda expuesto a pagar a los acreedores de Pluna.

Patente única y el IASS

  La ley que crea el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) tiene algunos recursos en contra, según dijo el experto en Derecho Constitucional, Martín Risso. El especialista  señaló que en ese caso la inconstitucionalidad es “más clara” aún que en el caso del ICIR. Esa postura es compartida por el tributarista Alberto Varela. A su juicio, esta norma “ataca la independencia de los recursos departamentales”.

Los reclamos se basan en lo establecido por el artículo 297 de la Constitución. La carta magna dice que serán fuentes de recursos de los gobiernos departamentales, decretados y administrados por estos los impuestos  a los vehículos de transporte, según se establece en el numeral 6.

El sistema de patente única se puso en funcionamiento hace dos años, y terminó con la llamada “guerra de las patentes”.

Para Mujica, es uno de los mayores logros alcanzados porque se encontró un entendimiento con los intendentes  por encima de los intereses partidarios, pero también podría caer si la Justicia da lugar a los reclamos presentados.

Otro tema pendiente son los recursos presentados contra el IASS por Risso en representación de casi 2.000 jubilados. El impuesto sustituyó en 2008 al Impuesto a las Retribuciones Personales (IRPF) también declarado inconstitucional, solo para el caso de los jubilados, en 2007.

Un año después de la creación del IASS, la SCJ lo validó. Por mayoría (cuatro votos contra uno), el máximo organismo de Justicia entendió que es un impuesto al ingreso, y no un impuesto a la renta, por lo que no viola la Constitución. Pero ahora, como la SCJ cambió de integración y hay tres ministros que no estaban cuando la corporación trató el tema, Risso volvió a presentar nuevos recursos.