“Uruguay ha sido destacado en los últimos años por el reconocimiento de una nueva agenda de derechos, sin embargo, aún existen muchos desafíos a superar vinculados a la resolución de las vulneraciones en materia de derechos humanos cometidas en el pasado reciente y los desafíos de la implementación y efectiva protección de los derechos reconocidos por la vía legislativa en los últimos años”, expresa el Informe 2017/18 elaborado por Amnistía Internacional sobre nuestro país.
En lo que tiene que ver con
SITUACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS EN URUGUAY: el informe puntualiza que "La ausencia de una política migratoria y de refugio tiene consecuencias que afectan seriamente la vida de las personas, en la medida en que la respuesta institucional no está articulada por parte de las distintas áreas del Estado". Haciendo un llamado a "implementar políticas de acogimiento".
PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD: "La situación del sistema carcelario en Uruguay continúa siendo crítica. La superpoblación y el hacinamiento se han prolongado a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales.
Para paliar esta situación, durante 2017 el Estado uruguayo finalizó el complejo carcelario de Punta Rieles mediante financiación por participación público-privada (PPP) que entrará en funcionamiento a comienzos de 2018, por lo que la calidad de esta institución está por evaluarse." expresa Amnistía Internacional.
Donde ”persisten en Uruguay las prácticas institucionales que privilegian el encierro y aislamiento social que contradice el principio de excepcionalidad; y resulta especialmente preocupante en el caso del sistema penal juvenil".
SALUD MENTAL: El informe destaca que en nuestro país "Se mantiene la utilización del concepto ‘’trastorno mental’’, destacando la visión médica-psiquiátrica como legítima para abordar los asuntos de salud mental, lo que mantiene y reproduce la patologización y los diversos estigmas que le son asociados.
De esta forma, se contradice la concepción social e interdisciplinaria de la discapacidad, recogida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por el Estado uruguayo en 2008".
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO: "La negligencia del Poder Judicial y la falta de controles por parte de la policía en la atención de las denuncias recibidas siguen constituyendo un fuerte obstáculo para el tratamiento y combate de todas las formas de violencia basada en género". Agregando Amnistía Internacional que "Preocupa la ausencia de medidas básicas en la prevención y combate de la violencia de género tales como: un servicio telefónico de asesoramiento a víctimas los 365 días del año, las 24 horas con alcance nacional y gratuito desde cualquier teléfono; servicios especializados de atención a víctimas que funcionen 24 horas, todo el año y en todo el país; servicios de refugio habitacional para situaciones de emergencia de acceso permanente; servicios descentralizados interinstitucionales donde se reciba asistencia especializada, en los que se pueda realizar la denuncia policial, hacer consultas jurídicas, coordinar traslados departamentales, entre otros".
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: En este punto Amnistía Internacional "hace un llamado al gobierno de Uruguay para garantizar la efectiva implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo mediante la adecuada dotación de recursos materiales y humanos en centros de salud y mediante la sensibilización en esta materia a operadores judiciales.
Asimismo, la organización reitera la necesidad de concretar acciones que garanticen la protección integral de la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes y tomar medidas para atender un problema tan grave como el embarazo y la maternidad infantil".
DERECHOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEX: "A pesar de los avances legislativos de los últimos años a través de los cuales se alcanzó la plena igualdad jurídica de las personas LGBTI", expresa el informe "Amnistía Internacional Uruguay reitera al gobierno uruguayo la necesidad de mejorar las condiciones normativas e institucionales para combatir la discriminación ya que, a pesar de la existencia de la ley 17.817 y la Comisión Honoraria que este crea, no existen en los hechos mecanismos efectivos para combatir la discriminación hacia la población LGBTI.
Durante este año la organización dará seguimiento al trámite parlamentario del anteproyecto de Ley Integral para Personas Trans y a las políticas públicas que se impulsen para dar cumplimiento a la normativa ya existente dirigida a generar condiciones más igualitarias e inclusivas para el conjunto de la población LGBTI".