(Comunicado del Instituto Luz Ibarburu) Cuando el 6 de noviembre el Ministerio del Interior contestó al pedido del Observatorio Luz Ibarburu formulado en el marco de la ley de acceso a la información, estuvimos en condiciones de saber otro lugar opaco del sistema penal: conocer la nómina y lugar en que se encuentran recluidas las personas procesadas y/o condenadas en causas de violaciones a los derechos humanos por el Terrorismo de Estado; los que cumplen prisión domiciliaria y quiénes son objeto de vigilancia por medios electrónicos (tobilleras o pulseras electrónicas). También supimos algo más: algunos están beneficiados con salidas transitorias.
Esa información proporcionada por el Instituto Nacional de Rehabilitación la incorporamos a un informe y un listado de imputados que se publican en nuestra web. Democratizada esa información quienes desde la Suprema Corte de justicia expresan satisfacción por el desempeño del sistema judicial tendrán que justificar en qué se fundan para ello.

Pocos condenados

Un informe elaborado por el Observatorio Luz Ibarburu (que en forma completa puede leerse en el documento adjunto a esta nota), da cuenta que los procesos penales en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Uruguay son escasos, y marcan “el retraso del proceso de justicia en Uruguay, que en general cuenta con pocos condenados y unos pocos procesados en la actualidad”.
Ya que “de la base de datos del Observatorio que puede consultarse en su página web, surge que existen actualmente 161 causas activas (158 en etapa de presumario y sólo 3 en sumario), a las que se acumularon 39 expedientes. Por otro lado, existen 87 archivadas y 13 con sentencia de condena”.