El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) emitió un comunicado actualizando la información del Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión.

En el marco de un nuevo “Día del Periodista” que se celebra el 23 de octubre el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), actualiza  el Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay.

El informe anual se publica desde 2014 cada 3 de mayo, día mundial de la Libertad de Prensa, fijado por la Organización de las Naciones Unidas.

En esta oportunidad, al conmemorarse a nivel local la creación del primer periódico oriental apoyado por José Artigas en 1815,  CAinfo actualiza los hechos que afectan la libertad de expresión en lo que va de 2017.

Según el relevamiento realizado, se registraron 17 casos.

Uno de nivel grave “Alto”, referido al atentado sufrido por  la periodista Isabel Prieto quien en febrero de este año fue baleada.. Se realizaron denuncias pero a la fecha no se esclareció esta situación.

Se registraron además, 13 casos de nivel “Medio”. Aquí se destacan siete casos donde el hostigamiento es a través de la justicia, ya sea con la amenaza de iniciar acciones legales o por la concreción de las denuncias.

Por último, se dieron tres casos de gravedad “Leve”.

Para una mayor información sobre los informes completos ver en www.cainfo.org.uy y www.monitoreo.cainfo.org.uy.

Descripción de casos de 2017

Nivel de Gravedad: Alto (1)

CATEGORIA: Lesiones graves y/o asesinatos (1)

DESCRIPCIÓN: represalias directas que tienen como consecuencia la existencia de lesiones graves que generan incapacidad parcial o permanente y/o la muerte de las víctimas de las agresiones.

– El 7 de febrero de 2017 la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, retornaba a su casa en su auto cuando fue abordada por una persona que desde una moto que le efectuó un disparo. La periodista no fue alcanzada por la bala pero resultó herida leve debido al rebote del proyectil en la carrocería del vehículo. La periodista había denunciado días antes la irregularidad policial en un procedimiento realizado por efectivos de la Seccional 19. A pesar de las denuncias realizadas y las reuniones mantenidas por la periodista y organizaciones de la sociedad civil con autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación (FGN) el crimen nunca se esclareció y no fueron encontrados los responsables

Nivel de Gravedad: Medio (13)

CATEGORIA: Amenazas (6)

DESCRIPCIÓN: intimidaciones a periodistas, su familia y medios de comunicación a fin de evitar la publicación de contenidos periodísticos (o como consecuencia de ella)  mediante amenazas de muerte, agresiones físicas, pérdida del empleo, demandas judiciales, campañas difamatorias o injuriantes así como cualquier otro tipo de represalia.

-El 4 de enero de 2017 un grupo de personas que se identificaron como parciales del Club Nacional de Football inició una campaña de acoso en las redes sociales a la periodista de Televisión Nacional (TNU), Georgina Mayo, por la cobertura que venía realizando sobre el tiroteo en Santa Lucía el 28 de diciembre de 2016 que provocó la muerte de un parcial de Peñarol. El objetivo de la campaña era que la periodista fuera despedida del canal público.

-El 9 de febrero el empresario Gustavo Torena irrumpió en los estudios de radio 1010 AM durante la transmisión del programa “Las Voces del fútbol” y amenazó a los periodistas que realizaban una entrevista al exfutbolista Álvaro Recoba. El periodista Julio Ríos denunció penalmente a Torena, quien fue tres días después fue procesado por el juez Eduardo Pereyra por un delito de violencia privada.

-El 19 de febrero el director responsable del conjunto de parodistas Momosapiens, Horacio Rubino, golpeó al periodista del programa radial “Carnaval del Futuro”, que se transmite por 1410 AM, Eloy Calvo. El motivo de la agresión, que se produjo al terminar la actuación del conjunto en el Teatro de Verano, fue la discrepancia con las opiniones del periodista. Al día siguiente, mediante un comunicado público, la gremial de directores de carnaval DAECPU declaró “persona non grata” al periodista y expresó su apoyo a Rubino, aunque dijo rechazar la violencia y defender la libertad de expresión.

-El 15 de marzo el presidente del Club Atlético Peñarol Juan Pedro Damiani cuestionó la cobertura que realizan los medios de comunicación sobre la institución que preside y exigió que todos los periodistas hagan público de qué club son hinchas. El reclamo se produjo durante una entrevista realizada en la radio Sport 890.

-El 4 de julio, el periodista Juan Correa del portal Agesor (Soriano) publicó que uno de los nuevos integrantes de la directiva del Club de Leones de Mercedes había participado de los aparatos represivos de la última dictadura. Tras la publicación del informe, Correa recibió una llamada de la directiva del Club de Leones Marisa de Pazos en la que lo amenazó por el trabajo periodístico que estaba realizando. El periodista realizó la denuncia policial.

-El 28 de agosto, la periodista de Flores Mariely Salvatto fue denostada por el ex intendente de ese departamento Carlos Mazzulo durante un conferencia de prensa en la que la periodista preguntó sobre la definición del Tribunal de Ética del Partido Nacional respecto al caso del ex jefe comunal. Luego de la conferencia de prensa, la periodista fue agredida verbalmente por otro dirigente del Partido Nacional.

CATEGORIA: Hostigamiento a través de la Justicia (7)

DESCRIPCIÓN: intimidación a través de demandas ante el Poder Judicial o la Policía que pongan en riesgo la libertad o persigan el desprestigio personal o profesional

-El 13 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo emitió un decreto que dispone que los funcionarios públicos que hagan público, divulguen o den a conocer informaciones tales como solicitudes, proyectos, informes, dictámenes y otros documentos que no se especifican, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirán en falta muy grave, pasible de destitución. La medida es un retroceso en la búsqueda de una mayor apertura en el acceso a la información pública e implica, de manera indirecta, una obstrucción al trabajo periodístico al dificultar el acceso a información relevante sobre la actividad de los organismos estatales dependientes del Poder Ejecutivo.

-El 21 de abril, dos días después que la publicación Sudestada informara sobre la participación del estudio Algorta & Asociados en la trama de corrupción del Partido Popular de España, el titular del bufete Oscar Algorta envió una carta intimidatoria a la radio El Espectador. En esa carta reclamó que la emisora bajara de su página web la información publicada por Sudestada o realizaría acciones legales contra el medio.

-El 26 de mayo, el presidente del Club Nacional de Football, José Luis Rodríguez, amenazó con iniciar una demanda contra periodistas de tres medios de comunicación porque informaron sobre el asesinato de un hincha de Peñarol en la ciudad de Santa Lucía en 2016.

-El 27 de julio, el abogado Gúmer Pérez, anunció que su defendida, la directora del Hospital de Ojos, Sandra Medina, iniciaría acciones legales contra el programa de Canal 4, Santo y Seña, que había informado de presuntas irregularidades en los registros de las operaciones. Una investigación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado no encontró ninguna irregularidad.

-El 28 de junio, el entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic, amenazó  con iniciar juicio contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, autoras del libro “Sendic, la carrera del hijo pródigo”. Hasta el momento la demanda no se concretó.

-El 16 de agosto se realizó una audiencia a raíz de un juicio que la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, presentó contra el periodista Gabriel Pereyra por una columna de opinión que escribió en el diario El Observador sobre el funcionamiento de ese organismo. Finalmente la demanda fue retirada.

-El 21 de agosto el ex presidente de ANCAP, José Coya, presentó una demanda por difamación e injurias contra el diario El País y uno de sus periodistas, Daniel Isgleas. El ex jerarca acusó al medio de mentir y dañar su honor al informar sobre la adjudicación de una obra para la regasificadora. La información publicada por el diario surge del trabajo de una Comisión Investigadora del Parlamento sobre el tema. No hubo conciliación en la Justicia por lo que el juicio continúa.

Nivel de gravedad: Leve (3)

CATEGORIA: Obstrucción del trabajo periodístico (3)

DESCRIPCIÓN: adopción de medidas tendientes a impedir la cobertura de hechos de interés público tales como: no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de equipamiento de los periodistas (cámaras de fotos o video, grabadores, micrófonos, computadoras, etcétera), negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas.

-El 2 de febrero el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre utilizó una conferencia de prensa para atacar el trabajo del periodista de La Diaria Santiago Sánchez, a quien atribuyó  intenciones difamatorias debido a la publicación de una nota   que consignaba que el secretario de Estado se había beneficiado de dos préstamos del propio ministerio a través de un fondo para productores arroceros. Luego de señalar que el medio no le genera “confianza”, Aguerre le recomendó al periodista leer un libro de José Ingenieros titulado “El hombre mediocre”, debido a que en él se utilizan las mismas prácticas creadas por el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels, que según el jerarca, aplica el medio. Al día siguiente, los responsables de La Diaria publicaron un editorial en el que sostienen que Aguerre “no desmintió nada” de lo publicado por el periódico.

-El 22 de febrero la Asociación de Comunicadores de Flores denunció públicamente a una funcionaria de OSE por impedir a un equipo periodístico de Canal 8 de Trinidad realizar la cobertura de la reparación que el organismo realizaba sobre la Ruta 14.

-El 6 de marzo durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el director de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia José Luis Veiga impidieron a varios fotógrafos que realizaran tomas gráficas del mandatario. Presidencia había convocado a los medios de comunicación por la reunión que Vázquez había mantenido con el presidente del Frente Amplio Javier Miranda. Veiga argumentó que no se le debían tomar fotos a Vázquez porque se encontraba “trabajando”.