Hay una constatación: la democracia en Uruguay tiene menor valoración en la gente que hace algunos años[1].  Existe “una onda” por la cual parece que todos los partidos son iguales y que todos los que nos dedicamos a la función política somos “corruptos”. La posverdad[2] nos lleva a decir sin argumentos lo que se nos cante, en la redes, o donde sea.

Los ciudadanos y ciudadanas terminamos en una crisis de credibilidad… no le creemos a nadie, porque no sabemos quién dice la verdad. Ahí viene lo peor,  la crisis de la confianza en la democracia que se sustenta fundamentalmente en los partidos políticos.

Por tanto creo bueno y oportuno que los tribunales de conducta política comiencen a funcionar en TODOS los partidos políticos… y dictaminen u opinen sobre la actuación de sus integrantes. De esta forma “los políticos” (que son ciudadanos comunes y corrientes) deberán corregir su actuar si fuere necesario y los partidos demostrarán que no todos son iguales.

Ahora, veo con asombro que parece que no es así.

En Soriano hubo denuncias referidas a dirigentes políticos que cambiaban venta de ravioles para beneficios estudiantiles por votos (en las elecciones juveniles) y nadie se hizo cargo.

Ahora los ediles del FA de Soriano solicitan una sesión extraordinaria de la Junta Departamental para activar el mecanismo previsto en el artículo 296 de la Constitución por el cual se acusa ante el senado al Intendente de Soriano por la inobservancia de la Constitución. Dicha inobservancia puede, si el senado contara con dos tercios de sus integrantes, costarle el cargo.   

¿De qué se lo acusa? De intervenir como director de una empresa que le vendía combustible a la intendencia, de la cual es intendente. La intendencia habría comprado por más de 14 millones de pesos a la empresa del Intendente[3].

Por otra parte el FA, la mesa política departamental, el pasado sábado emitió una declaración en la que manifiesta su preocupación por que la situación particular  y delicada de los negocios privados del intendente no terminen perjudicando el trabajo en la intendencia. Ya que la persona es una y las tareas departamentales llevan a estar full time en la labor.

Entendiendo que la ética supera lo que la justicia pueda decir.  Por tanto, sería buena señal que el partido del intendente como el partido de los que cambiaban ravioles por votos o del intendente que asumió violando un artículo de la Constitución[4] …  activara algún mecanismo interno que dictamine si estos ciudadanos que detentan cargos partidarios lo han hecho de acuerdo a la conducta política esperada.

Hablar de ética, defender la ley y la constitución no alcanza…  hay que practicarlo, y los partidos políticos (TODOS) tenemos que hacer ese ejercicio para ganar la confianza de la gente y así fortalecer la credibilidad en la democracia en el Uruguay.

Maestro Enzo Malán Castro. Representante Nacional

[1] La encuesta Latinobarómetro 2016, arroja una caída en el apoyo a la democracia en Uruguay de ocho puntos con respecto a la medición de 2015

[2] El término “posverdad” se refiere a aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público.

[3] Esto es así, según documentos que poseemos.

[4] Me refiero al intendente de Treinta y Tres que asume habiendo reservado el cargo público, cuando debía renunciar a ese cargo.