El Centro Comercial e Industrial de Soriano, mediante un comunicado dio a conocer su postura respecto a la Ley de Inclusión Financiera, el mismo dice lo siguiente:
Es una Imposición y Violación a los derechos de los Comerciantes y Trabajadores.
La postura del Centro Comercial e Industrial de Soriano es contraria a la Ley de Inclusión Financiera, porque actualmente la Ley tiene más de EXCLUSIÓN que de INCLUSIÓN.
Se está trabajando para que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declare Inconstitucional el artículo, 64o ("equiparación entre el pago con efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico").
Entre otros, este artículo estipula que "los proveedores o comercios no podrán cobrar por los productos o servicios que ofrezcan un precio mayor si el pago se realiza mediante tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico que si el mismo se realiza con efectivo".
"Lo que entendemos como ideal es que haya igualdad", pero lamentablemente como esta planteado, los comercios más chicos son los que corren con una gran desventaja frente a las grandes superficies, que tienen condiciones más favorables en este terreno.
A modo de ejemplo, mientras que los comercios de menor porte pagan un arancel de entre 2% y 2,2% en el caso del débito y de entre 4,5% y 4,9% cuando se trata de una compra con crédito, las grandes superficies abonan entre 1,35% y 1,5% en las dos modalidades.
Así como está planteado, el Comercio Local ó se funde o pasa a la clandestinidad, porque no tiene herramientas para competir contra las grandes Superficies y hacerse cargo de los costos financieros y de gestión que le genera el cobro con Tarjetas.
Establecer que todo comercio tiene que cobrar lo mismo, ya sea que se trate de una compra con efectivo o con tarjeta "es INCONSTITUCIONAL porque una ley no puede obligar a un Comerciante a usar un medio de pago que le cobra un arancel". Esto es como si se le pusiera un impuesto.
"Si de ese arancel se hace cargo el Estado, vaya y pase, pero ¿por qué una sola parte de la relación? ¿Por qué no lo soporta el emisor de la tarjeta si lo que se quiere es bancarizar? ó el Estado"
En el escrito presentado por el Dr Julio Facal a los ministros de la SCJ se sostiene que al comerciante "se le impone con quién contratar (la banca), (...) qué contratar (medios de pagos electrónicos), y también (...) cómo regular dicha contratación (prohibiendo trasladar el costo del mismo al precio final para el consumidor
Se VIOLA claramente los artículos 7o, 72o y 332o de la Constitución, que establecen las libertades individuales y la autonomía de voluntad.
Con la promulgación de esta ley, se generó: la fijación de un arancel privado, porque no tenemos opción de elección; la obligatoriedad de un privado de contratar con otro privado; y la imposibilidad de trasladar el sobrecosto al precio final de lo que se está vendiendo.
Entonces, por qué el Comerciante tiene que hacerse cargo de los costos asociados a las Transacciones, trasladando utilidad de un privado a otro privado?
Ejemplo: Si un comerciante tiene una Utilidad del 10 % sobre su venta y el arancel de la tarjeta de crédito es un 4,5 % entonces le estamos cediendo a un privado por Imposición del Gobierno el 45% de nuestra Utilidad no dejándonos opción de elegir entre pago con Efectivo o Tarjetas.
Si el comerciante quisiera hacer Promoción por pago en efectivo, no podrá hacerla y siempre será rehén de las imposiciones de otro privado y deberemos jugar el partido que ellos nos Impongan.
Todos los TRABAJADORES estamos cansados que nos graven con más impuestos directos e indirectos y violen nuestros Derechos a la libertad de elección. Es un atropello al que trabaja por este país y a la Constitución de la Republica.
Martin Melazzi – Presidente Centro Comercial Industrial de Soriano