El proceso concursal se encuentra primordialmente regulado por la Ley de Declaración Judicial de Concursos y Reorganización Empresarial Nro. 18.387 del año 2008. El régimen establecido por dicha ley se aplica tanto al deudor (persona física) como a la persona jurídica civil o comercial que realizan actividad empresarial.
El concurso puede definirse en pocas palabras como el proceso por el cual todos los acreedores de un mismo deudor que se encuentra en “estado de insolvencia” son llamados a concurrir para ser tratados en pie de igualdad (según su categoría), a prorrata de sus respectivos créditos, se trata entonces, en pocas palabras, de un procedimiento colectivo.
Haciendo un paréntesis, se aclara, que en sentido económico un patrimonio es insolvente cuando el monto de su pasivo supera la suma de los valores de su activo, por eso la determinación de la insolvencia requiere una análisis de la situación patrimonial del deudor. El deudor insolvente no puede pagar su pasivo ni siquiera enajenando todos los bienes que componen su activo.
Continuando, el proceso concursal fue concebido como una fórmula para ayudar a las empresas, que pasan por situaciones de crisis, a sobrepasar el estado de insolvencia o cesación de pagos, o sea, el objetivo final del derecho concursal es la eliminación de la insolvencia, mediante la intervención de un Juez y un Interventor o Síndico (designado por el Juez) que negociará con los acreedores para analizar como afrontar las deudas pendientes y lograr la conservación de la empresa entendida ésta como un bien valioso que se debe intentar preservar.
De modo que planteada en la empresa la situación de crisis (situación en la que se encuentra cuando no puede cumplir con sus obligaciones) debe presentarse ante el Juez competente a plantear la solicitud de concurso y el Juez se expedirá dentro de las 48 horas de presentada la misma; tal solicitud puede ser promovida, asimismo, por un acreedor o conjunto de acreedores.
Es fundamental destacar y reiterar que se intenta la conservación de la empresa que NO deberá detener su actividad, el principio es la continuación de la actividad del deudor; asimismo se legisla especialmente la situación de los trabajadores que se procurará conserven sus puestos de trabajo y sus salarios, aspectos sumamente preocupantes y sensibles para las empresas que atraviesan serias crisis económicas.
Se pone énfasis en que el deudor y los acreedores cierren arreglos proporcionando un marco flexible para que dichos acuerdos puedan prosperar y que la liquidación de la empresa (privilegiando la venta en bloque) sea la última de las instancias posibles cuando se han agotado todos los medios de negociación entre deudor y acreedores.
Para acceder al concurso se deben cumplir los requisitos exigidos por la ley que definen los términos para solicitarlo y los medios para acreditar el estado de insolvencia que será evaluado por el Juez competente quién determinará si hace o no lugar a su solicitud adoptando las medidas cautelares correspondientes por lo que resulta fundamental el asesoramiento con abogado y contador público.

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