“La población penitenciaria no ha dejado de aumentar. Y allí radica hoy uno de los rasgos distintivos, que también es una señal de alarma, del sistema penitenciario: el constante crecimiento de la cantidad de personas privadas de libertad en el país”, afirma el  informe del Comisionado parlamentario para el  sistema penitenciario, Juan Miguel Petit. El relevamiento de las cárceles uruguayas realizado durante el 2016 y volcado en este documento, refleja alguno avances y muchas  cuentan  pendientes en la atención de la población  reclusa. 

“De nuevo, más allá de las diferentes realidades de los países, todo indica que somos uno de los países en el continente americano que más usa la cárcel como respuesta a la violencia social. Sería difícil argumentar que el altísimo índice de prisionización de Uruguay se debe a que seamos el lugar del continente con más violencia”, expresa  el  informe.

“Tener un alto índice de prisionización no es una buena señal. La prisión, cualquiera sea su modelo y características, implica siempre la violencia de la privación de libertad y ruptura con el mundo exterior, con consecuencias también violentas sobre el privado de libertad y su entorno, en particular allegados más cercanos, familia e hijos (separación, empobrecimiento, abandono, trauma). Una alta prisionización es también una inyección de violencia a la sociedad, retroalimentando el proceso: a más población presa, peores procesos de socialización e integración social. La consecuencia: más delitos.

Explicar por qué el Uruguay, país de alta inversión social, de fuerte presencia de políticas públicas, sin conflictos civiles o choques étnicos o interreligiosos, con una de las mejores distribuciones del ingreso de la región, pese a todo eso es uno de los que más presos tiene, es algo que excede estas páginas. Pero sin dudas que buscar una respuesta a ello es uno de los desafíos de la hora”.

Cambio  fundamental

Reconociendo que  “la creación por Ley No. 18.719 de diciembre de 2010 del Instituto Nacional de Rehabilitación, constituyó un cambio fundamental en la historia del sistema penitenciario: el inicio de la conformación de un sistema nacional penitenciario. Hasta el momento, cada jefatura departamental de Policía tenía a su cargo la cárcel local. Esto impedía la aplicación de políticas nacionales uniformes. Ya en agosto de 2010, un Documento de Consenso de una Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública había establecido pautas para una política pública de seguridad que incluía pautas para la administración penitenciaria: “Reestructurar el sistema de privación de libertad tanto para adultos como para adolescentes. Es necesario, diseñar e implementar un sistema de privación de libertad que no funcione como universidad del crimen ni perfeccionamiento de las redes de marginalidad. Se propone que las cárceles salgan de la competencia de la Policía Nacional”. Había nacido la “reforma penitenciaria”.

La privación de libertad en Uruguay

Repasando los pasos dados entre 2010 y 2015, “bien puede decirse que constituyeron un mojón histórico en el sistema penitenciario, abriendo las puertas a un cambio de gran magnitud.

Sin embargo, tanto en 2015 como en 2016 el sistema siguió presentando problemas muy serios.

Pese al impulso inicial reformador, la falta de un plan nacional penitenciario o de un modelo de rehabilitación llevado a todos los ámbitos, ha facilitado una enorme heterogeneidad, donde coexisten realidades contradictorias. Desde cárceles abiertas con muchas actividades, a centros donde solo hay encierro en celda, puede verse de todo. Y ello no es debido al perfil de la población sino a la presencia o ausencia en el lugar de programas y personal dispuesto a implementarlo. Esto puede decirse de la comparación entre diversos centros, pero también de lo que ocurre dentro de un mismo centro. En la misma unidad donde se prepara un grupo de teatro o funciona una buena biblioteca, puede llegar a encontrarse un sector de la población que solo sale al patio una vez por semana. Maldonado es un ejemplo de centro donde se vive esa dualidad: logró plasmar un buen centro educativo, incuso con acuerdos para la formación de nivel terciario, pero también tiene módulos muy violentos con aislamiento y mínimas actividades de rehabilitación”. 

El informe  arriba  a la siguiente conclusión: “La falta de operadores penitenciarios que los acompañen hace que los internos no puedan desplazarse a otros espacios diferentes a la celda: aulas, talleres, sector deportivo, salones de convivencia, emprendimientos productivos.

La suma de estos dos factores es letal: en estos casos, la cárcel se vuelve encierro en la celda, o sea: aislamiento. Aislamiento de los demás, del mundo y, con ello, de la posibilidad de volver a la sociedad con chances de vivir en libertad.

Para buena parte de los internos del sistema, la privación de libertad se vuelve un espacio de tiempo sin sentido. Luego del procesamiento, los internos son derivados a un centro penitenciario sin que la mayoría tenga una instancia en que se plantee el objetivo a buscar durante el tiempo que estará allí. Un librillo que se daba a los internos explicando sus derechos y obligaciones, dejó de distribuirse. Sin objetivo, la pena que ya es aflictiva de por sí, se vuelve solo violencia. La cual, cuando el entorno es nulo en su propuesta y adverso en sus condiciones de convivencia, se vuelve un espiral descendente hacia nuevas formas de deterioro”.

Donde   buena  parte del sistema carece de una propuesta de rehabilitación “lo que no es inocuo, sino un agravamiento de la situación psico social de la persona, que egresará del mismo en peores condiciones que cuando ingresó. El daño no es solamente a él sino también a su familia”.

Las caras del sistema penitenciario

“Puede decirse que más del 60% del sistema penitenciario presenta muy malas o malas condiciones de reclusión, donde el aislamiento es habitual, la convivencia es pobre y está cargada de violencia y riesgo de vida, y donde la oferta de posibilidades socio educativas es casi inexistente”,  agrega el informe.

“Como contracara hay centros que han logrado muy buenos niveles de convivencia y sostienen un buen relacionamiento entre los internos donde se implantan de manera sostenida actividades diversas. En estos centros las direcciones tienen una actitud proactiva, saliendo hacia la comunidad en búsqueda de apoyos externos ya sea institucionales (entes públicos que ingresan al lugar y brindan servicios educativos, culturales) o de la sociedad civil (voluntarios y organizaciones que organizan actividades diversas, deportes, teatro, artesanías, talleres literarios). En los centros donde se logra implantar una buena convivencia y los equipos técnicos y operadores logran sostener un buen relacionamiento, se genera un efecto de “rebote positivo”. El lugar gana en consideración en la comunidad y atrae nuevos interesados.

Para visualizar este panorama heterogéneo con más detenimiento estimamos estos factores en cada una de las Unidades de Internación, contabilizando a cuántas personas afectan las distintas condiciones de reclusión. Nos centramos particularmente en considerar su situación respecto al hacinamiento, el encierro, las actividades, las condiciones edilicias y las oportunidades de rehabilitación. Del análisis de este ejercicio resulta que el sistema puede dividirse, a grandes rasgos, en casi tres tercios que describen condiciones y oportunidades muy distintas para la rehabilitación.

Tipo 1. Hay un conjunto de centros donde las condiciones de reclusión son extremadamente malas. En ellos se verifica hacinamiento, malas condiciones de la celda, escasas o nulas actividades de rehabilitación, encierro en la celda con salidas de la misma que no superan un par de horas por semana, contextos violentos, enfrentamientos entre grupos, dificultades para el acceso a la salud incluyendo salud mental, mal contexto físico y funcional para recibir a la visita, mal acceso al mundo exterior, ambiente deprimente, mala higiene, muy malos sanitarios, inodoros en mal estado y compartidos, mala alimentación, ausencia de funcionarios, ausencia de educadores, nulo trabajo social con los internos, ninguna acción educativa o terapéutica sobre las adicciones, un clima explosivo, abuso sexual, frecuentes presiones o actos extorsivos entre los internos en una situación general de decaecimiento y total falta de estímulos. Lamentablemente, en algunos de estos espacios 16 también existen diversas formas de corrupción, con funcionarios que no reaccionan ante estas situaciones, se aprovechan de la misma o incluso estimulan diversas ilegalidades. También hay, aún en los perores contextos, buenos funcionarios que luchan en su espacio por defender la legalidad. Diariamente nuestra Oficina recibe denuncias de familiares o internos desesperados por las amenazas que reciben o los hechos de violencia. Es ilustrativo que los servicios de Salud, SAI-PPL registraron en 2016, en Unidad No. COMCAR, 1.800 heridos (lo que significaría cuatro heridos por día, de lunes a domingo), en el Penal de Libertad 228 (menos de uno por día) y en Cerro Carancho, Rivera, 360, casi uno por día. Se trata de casos de heridas que se denuncian y atienden.14 Sabemos que muchas veces las heridas no se reportan por los internos por tener miedo a represalias de sus heridores por lo que esta cifra, muy elevada, es aún mayor en realidad.

Estas condiciones que se verifican en varios centros –Unidad No. 3 Penal de Libertad, celdarios No. 1 y 2, Unidad No. 4 COMCAR módulos 8, 10, 11 y 12, Unidad No. 5 Centro Metropolitano Femenino pisos 4 y 5, Unidad No. 7 Canelones Módulo 2 y celda externa, Unidad No. 13 Maldonado- constituyen un “trato cruel, inhumano o degradante”, y encuadran en la tipificación del artículo 16 de la Convención contra la Tortura, ratificada por Uruguay. La Convención obliga al Uruguay a “prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que no lleguen a ser tortura”.

¿Por qué es trato cruel, inhumano o degradante? Porque esas condiciones son un dolor innecesario que no forma parte de la intrínseca aflicción que puede tener una pena, porque el daño que producen es innegable y evidente, porque esas condiciones niegan todo lo bueno que pueda tener cualquier ser humano para desarrollar. Son degradantes, además, porque su dureza es tal que es clarísimo que cualquier persona que permanezca tan solo unas horas o días en esos lugares, va a ver deteriorada su condición física, su salud mental, su ánimo, sus ganas de vivir y su manera de relacionarse con los demás.

Hemos sido cuidadosos al tomar esta definición. Podría también irse más allá y decirse que estas condiciones constituyen tortura. Hay buenos argumentos en la jurisprudencia y en la realidad para ello. Sin embargo, preferimos adoptar una definición –trato cruel, inhumano y degradante- en la cual encuadran sin discusión las condiciones de reclusión referidas. Además, acompañamos el planteo del Profesor Manfred Nowak, que en reciente texto15 señala que lo que distingue tortura de tratos crueles, inhumanos y degradantes es que en la tortura hay “una intención” de provocar el dolor “con determinados fines”. Cuando eso no existe, pero las condiciones de reclusión son indignas, deteriorantes, violentas, negadoras de una convivencia mínimamente razonable, nos encontramos ante trato cruel, inhumano o degradante. “Duras condiciones de reclusión, sobrepoblación, falta de comida, agua, sanitarios, cuidados médicos, suelen provocar severo dolor o sufrimiento y pueden constituir, por tanto, trato cruel inhumano o degradante. El trato o los castigos degradantes, no tienen que alcanzar el mismo nivel de dolor agudo o sufrimiento (que la tortura), pero requieren un trato particularmente humillante”, señala el trabajo.

Tipo 2. Hay otro conjunto de centros donde las oportunidades para la rehabilitación son insuficientes. Aquí las condiciones no pueden calificarse de crueles o degradantes. Sin embargo, son centros que tienen serias carencias para asegurar a sus internos un camino de reinserción social a partir de oportunidades de capacitación, buena convivencia, atención de sus necesidades psico sociales, cultura, deporte, programas para adicciones, de desarrollo de habilidades o de resolución de conflictos. En algunos de estos centros hay actividades que dan respuesta parcial a la población, con personal y técnicos que hacen grandes esfuerzos y vuelcan gran dedicación, pero la debilidad del modelo institucional impide que eso llegue a toda la población del lugar. En esos centros cohabitan espacios correctos, de buena convivencia y otros con una notoria ausencia de un contexto de vida cotidiana y convivencia apta para la rehabilitación. Son lugares frágiles pues están en frecuente tensión lo que funciona bien y lo que falta. En algunos de ellos el edificio conspira contra el desarrollo de actividades, otras veces es la falta de personal o técnicos, en otros la violencia sigue presente en buena parte de sus sectores. Estos centros pueden levantar grandemente su calidad de propuesta en la medida que logren consolidar programas, impulsar una mejor vida cotidiana, obtener acuerdos con la comunidad que traigan actividades y emprendimientos, enriquecer la presencia de otras instituciones dentro de la cárcel ofreciendo oportunidades. Como contracara, su situación de indefinición puede llevar a que si las carencias se aumentan, la convivencia empeore y la creación de oportunidades de rehabilitación se aleje. 

Tipo 3. Son centros que han logrado crear una convivencia con posibilidades de rehabilitación y donde la convivencia es buena y la violencia poco frecuente, de manera que allí se pueden generar iniciativas y proyectos, tanto por impulso de los internos como de las autoridades o de los funcionarios. Aún en casos donde hay notorias carencias edilicias o incluso de personal, son unidades donde se ha logrado impulsar un clima de trabajo y de búsqueda de soluciones para lo que cada interno puede hacer para mejorar su situación. Es notorio el rol de los equipos de dirección, que suelen buscar apoyos en la comunidad para suplir carencias y favorecer desde actividades deportivas a emprendimientos productivos. Son lugares que han dados señales de apertura a la comunidad y a la familia de los internos. Asimismo, se nota que estos centros o sectores “quieren ir a más”, sus responsables y funcionarios suelen tener proyectos, planteos para crecer y están abiertos a incorporar aportes externos. Buena parte de estos centros podrían “exportar” a otras unidades su experiencia y fortalezas. Son casos que deben ser cuidados y fortalecidos”.

Violencia 

“Tristemente, las condiciones de violencia que existen en muchas cárceles ponen en jaque ese derecho elemental”.  Agregando que de acuerdo  a un  estudio  realizado en el sistema penitenciario hay 20 veces más homicidios que en la sociedad en general.

“El origen de la violencia, como en otros ámbitos, es la ausencia de contenidos que dignifiquen la cotidianeidad. La falta de actividades, de horizontes, de propuestas capaces de generar proyectos de vida y de espacios físicos adecuados, genera un ocio compulsivo y fricciones constantes que vuelven un infierno la convivencia con los demás. Todo se vuelve motivo de puja y disputa, las diferencias más nimias dan motivo a enfrentamientos violentos. Las acciones y reacciones, las violencias las venganzas y las venganzas de las venganzas, van acumulando odios entre grupos de personas. En los centros o módulos donde no hay intervención socioeducativa, esa violencia crece y se potencia diariamente.

La violencia hacia el otro-las lesiones (el puntazo), el homicidio, a veces el homicidio en ocasión de un enfrentamiento-es expresión de esa atmósfera de violencia que todos respiran.

No  tiene  que  ser  violenta

La cárcel “no tiene que ser necesariamente sinónimo de violencia o de muerte”. Sino  que  “debería serlo de educación, de oportunidades, de restauración, de procesos de integración. Lamentablemente, una nota distintiva de buena parte de nuestro sistema penitenciario, debido a sus carencias, es la violencia. El años 2016 fue uno de los más violentos.

En efecto, durante el 2016 murieron en prisión 44 personas, 31 de esas muertes fueron por causas violentas: 16 homicidios, 12 suicidios y 3 casos de muertes en circunstancias violentas no aclaradas del todo pero inequívocamente violentas (un interno que fugaba de la guardia y cayó desde lo alto en momentos en que según algunas versiones recibía disparos no letales y según otras dio un traspié; un interno que cae desde un techo pero con testimonios que refieren a expresiones suicidas anteriores y persistentes; un interno electrocutado en una reja al querer tomar una botella que le alcanzaban de otro pabellón)”.

El  informe  completo puede leerse  en el siguiente documento  adjunto.