Los trabajadores judiciales están realizando paralización de actividades en el marco del reclamo del cumplimiento de la sentencia judicial que obliga al Estado a pagar la diferencia salarial que se determinó les corresponde desde abril 2011 por norma incluida en el Presupuesto 2010 de la Nación.
Al respecto este miércoles a las 14.00 horas en puertas de sede judicial de 18 de Julio entre Rodó y Sánchez se procedió a dar lectura a proclama, por parte del funcionario Esc. Daniel Martínez Fonseca, en la que expresan su posición al respecto. Bajo una pertinaz llovizna se reunieron trabajadores de los diferentes juzgados de la capital sorianense para acompañar la medida sindical.
Allí señalan, “los trabajadores judiciales recorrimos un largo camino en nuestra pretensión de que se cumpla con lo dispuesto por ley.
Actuamos con enorme paciencia y responsabilidad por la importancia social de las tareas que desempeñamos, evitando generar perjuicios a la población, en particular a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
Recuerdan que en el año 2010, el Parlamento incluyó en el Presupuesto Nacional, “la equiparación de las remuneraciones de los Ministros con la de los Senadores de la República. Esta decisión determinó el incremento salarial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y por las normas que regulan la escala salarial del Poder Judicial, el aumento de sueldos para todos sus funcionarios.
Posiblemente la ley votada por los parlamentarios tuviera como único objetivo beneficiar a algunos Ministros y cargos de confianza, los mismos que hoy no cumplen con la ley y las sentencias judiciales. Quizás fue así, pero también llevó justicia para los trabajadores de uno de los sectores más rezagados del Estado en materia salarial”.
Señalan que “cuando el sistema político, incapaz de resolver sus conflictos recurre al Poder Judicial,
cuando se votan códigos y normas que pretenden soluciones casi mágicas a los problemas sociales y de seguridad, sin la asignación de los recursos necesarios, es el propio Estado el que desconoce las sentencias judiciales y violenta el estado de Derecho”.
Desde de abril de 2011, añaden, “el gobierno nacional, a través de sus representantes en el Parlamento, aprobó un conjunto de normas inconstitucionales desconociendo los derechos de los trabajadores del Estado, en particular de los judiciales. El peso del aparato estatal, se puso al servicio de ese objetivo.
Esta situación, que no admitió espacios de diálogo por parte del gobierno, llevó a los trabajadores judiciales al único camino posible, confiar en la Justicia e iniciar una demanda contra el Estado, reclamando a la Suprema Corte de Justicia el cumplimiento de la ley”.
A finales del 2014, “el gobierno quiso imponer una “solución” legislativa, que fue declarada parcialmente inconstitucional en el año 2015. Esto abrió un espacio de trabajo que permitió la firma de un convenio con el Poder Ejecutivo, acordándose la conformación de un futuro ámbito para la discusión y búsqueda de soluciones a los temas pendientes, lo que no se concretó”.
En marzo de este año, el juicio llegó a su fin “y los trabajadores obtuvimos una sentencia favorable a nuestro reclamo. El Estado fue condenado y tras una trabajosa liquidación, el pasado 28 de setiembre, el Juzgado Civil de 19° Turno, ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas el depósito de los haberes de los reclamantes y el cumplimiento de la sentencia que también contiene una “condena a futuro”, disponiendo se proceda a la adecuación salarial establecida en la Ley de Presupuesto del año 2010”.
La Suprema Corte de Justicia, en nota remitida al Ministro de Economía, “solicitó los créditos necesarios para cumplir con lo ordenado en la sentencia.
Ante el silencio oficial, la Asociación de Funcionarios Judiciales, solicitó al Ministerio de Trabajo, se convoque al ámbito acordado, para que el Poder Ejecutivo se exprese sobre el cumplimiento de la sentencia judicial.
Dicha reunión tuvo lugar el pasado 20 de octubre, participando el Ministro de Trabajo por el Poder Ejecutivo, con la notoria ausencia del Ministerio de Economía. En la instancia, el Ministro escuchó el planteo de las gremiales y solicitó una nueva reunión en un plazo de 15 días ya que el Presidente de la República no se encontraba en el país”.
Concluyen expresando, “cuando la Justicia uruguaya es reconocida internacionalmente por su confiabilidad, ocupando el primer lugar en Latinoamérica, siendo esto motivo de orgullo para el país y los trabajadores judiciales, el Poder Ejecutivo la desconoce con su silencio sobre las
sentencias. Vencido el plazo acordado con el Ministerio de Trabajo, sin que la reunión se haya
concretado, y vista la falta de respuesta del Ministerio de Economía de cumplir con lo ordenado por el Juzgado Civil y con lo solicitado por la Suprema Corte de Justicia: Los trabajadores judiciales nos declaramos en estado alerta ante el avasallamiento del Estado, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y el incumplimiento de la sentencia judicial: “Las Sentencias judiciales deben cumplirse. Basta de dilatorias”.
