Ante las declaraciones realizadas por autoridades del Ministerio de Salud Pública y parlamentarias/os integrantes de la Comisión de Salud Pública del Senado sobre el proyecto de Ley de Salud Mental, la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos expone sus consideraciones ante la ciudadanía frente al inminente ingreso del proyecto al debate y votación parlamentaria:

- Consideramos de suma gravedad que el actual proyecto de Ley no incluya la creación de un Órgano de Revisión y Supervisión independiente y autónomo que garantice el ejercicio de los Derechos Humanos y que realice un contralor de quien debería ejecutar las políticas públicas -promoción, prevención, atención, habilitación e inserción comunitaria- desde un abordaje intersectorial e interinstitucional. Así, el Poder Ejecutivo pasaría a tener la doble función de “juez y parte” en los temas de salud mental. Parte, porque a través del ministerio referido, se elaboran las políticas a llevar a cabo en la materia que nos convoca y Juez; porque también las evalúa, desdibujándose la imparcialidad necesaria que debe tenerse en tal delicada temática.

- Es de urgente consideración el cierre progresivo de las Instituciones Asilares y Monovalentes en todo el territorio nacional, siendo acompañado por un cronograma y plan de cierre con participación de todos los actores involucrados.

- Señalamos críticamente el hecho de que este proyecto de ley nomine a las personas usuarias como personas con “trastorno mental”. Esto no hace más que estigmatizar y patologizar el sufrimiento psíquico.

- Consideramos que la falta de garantías individuales en las internaciones involuntarias mantienen los efectos de control social. La fundamentación de “valoración daño inminente” realizada solo por una Disciplina (Medicina), pone especial énfasis en la concepción de peligrosidad y no habilita un abordaje integral que contemple una decisión interdisciplinar.

- El actual proyecto de Ley coloca a la salud mental bajo la órbita casi exclusiva de la psiquiatría. Vemos con preocupación la falta de articulación interdisciplinaria que permitiría un abordaje psicosocial y comunitario en los dispositivos de atención. Inquieta, especialmente, la denominación de Salas de Psiquiatría en Hospitales Generales” en lugar de Unidades Interdisciplinarias de Salud Mental.

Las organizaciones que integramos la Comisión Nacional por una Nueva Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos saludamos el avance histórico que implica comenzar a legislar en un área social absolutamente postergada por el Estado, un campo que está cumpliendo 80 años sin ser abordado.

Esperamos que estos puntos propuestos por la diversidad del movimiento social puedan ser considerados en la discusión de las Cámara de Senadores/as y Diputados/as aportando a un cambio real en la perspectiva de la salud mental, comprometido con los procesos de salud de las personas usuarias para que la ley redunde en una

mejora de la calidad de atención de la población y los desafíos que tenemos por delante.

Finalmente, convocamos a toda la ciudadanía y actores del movimiento social a movilizarse a las barras del Parlamento al momento de la votación del proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo y a participar activamente de la V Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna a llevarse adelante el día miércoles 12 de octubre a las 18.00 horas en el Callejón de la Universidad de la República.

Fuente: Comunicado de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos