El Presupuesto Nacional ha establecido, tal como fija el artículo 214 de la Constitución de la República, el porcentaje de los recursos nacionales que corresponden a los Gobiernos Departamentales. Adicionalmente, se han acordado, en la Comisión Sectorial de Descentralización mecanismos y partidas presupuestales destinadas a colaborar con el cumplimiento de responsabilidades departamentales tales como el alumbrado público, la caminería y la gestión de los Municipios, el monto del Fondo de Desarrollo del Interior, con el objetivo que su nombre indica.
La estimación para todo el país, realizada con los datos parciales de aquellos departamentos que al viernes ppdo. habían comenzado a retomar la normalidad, asciende a $ 360 millones.
Esta cifra contempla la colaboración monetaria con aquellas tareas extraordinarias que debieran realizarse en los próximos 45/60 días a fin de actuar en forma oportuna para asegurar la salida de la producción, y que los equipos y recursos materiales disponibles por las Intendencias no permiten encarar con la urgencia requerida
El monto estimado en ningún caso supone una aproximación a la totalidad del daño ocurrido, ni de los montos necesarios para que la caminería de los departamentos alcance los niveles de servicio deseados o los anteriores al mes de abril: es la cifra con la cual el Gobierno Nacional, en el marco del conjunto de prioridades definidas en su programa, las exigidas por los hechos supervinientes y las posibilidades, está en condiciones de destinar a asistir extraordinariamente a los gobiernos departamentales y que, en su opinión tiene alguna oportunidad de ser ejecutada en los correspondientes territorios en las próximas semanas.
En este contexto, se ha resuelto por la OPP:
1.- Comunicar a los Gobiernos Departamentales la voluntad de considerar el adelanto de partidas presupuestales que pudieran ser requeridas a fin de asegurar el la realización de los trabajos extraordinarios y el adelantamiento de los ordinarios por motivo de los acontecimientos meteorológicos recientes.
2.- Comunicar a cada Gobierno Departamental la voluntad de atender la financiación de gastos derivados de trabajos extraordinarios y no previstos, que puedan realizarse en los próximas semanas a efectos de asegurar la salida de los predios de la producción agropecuaria y siempre y cuando resulten adicionales a los volúmenes de obra planificados (aprox. 2/8 del saldo de crédito disponible).
3.- Que la certificación de los trabajos se realice utilizando las listas de precios y procedimientos de reconocimiento de costos habitual, procurando respetar los sistemas habituales de comunicación de los acciones adoptadas y previo acuerdo particular con la Dirección de Descentralización e Inversión Pública acerca de los tramos de caminería a atender y las características de los trabajos.
4.- Que finalizada la certificación de los trabajos, se abonen en el marco de los Programas 998 y 999, procediéndose posteriormente a la suscripción de convenios con cada gobierno departamental para que, dentro de los márgenes dispuestos, y con fondos de Rentas Generales, se procure retomar el cumplimiento de los trabajos oportunamente planificados por los Intendentes.
5.- Facilitar la resolución de las solicitudes que pudieran plantearse dirigidas a redireccionar créditos, contratos y proyectos a fin de atender el nuevo orden de prioridades que resulte de la nueva realidad existente en los diversos territorios.
En el caso de Soriano dispone de saldo sin certificar en caminería rural Ley 19.088 y Ley 19.263 $ 3.053.998; saldo sin certificar de programas 999 y 998 $ 21.031.588; asignación inicial prevista del programa 997, sujeta a aprobación de la CSD $ 20.281.294. El total de estas partidas es de $ 44.366.880.
Fuente: OPP