El informe 2015/16 de Amnistía Internacional donde se evalúa la situación de los Derechos Humanos es concluyente para nuestro país: “apenas hubo avances” y detalla los acontecimientos del año pasado. Expresando que “Apenas hubo avances para garantizar la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985. Persistía la desigualdad de género, también en el acceso al aborto y en los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

INFORMACIÓN GENERAL

  En marzo, el nuevo presidente, Tabaré Vázquez, tomó posesión de su cargo y prometió, entre otras cosas, poner en marcha el Plan Nacional de Convivencia y Derechos Humanos, reforzar las políticas contra la discriminación de las personas LGBTI y adoptar medidas para promover la igualdad de género.

Ese mismo mes, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, instó a Uruguay a tomar medidas para prevenir y prohibir todas las formas de tortura u otros tratos crueles,

inhumanos o degradantes durante la privación de libertad, en particular en las

dependencias policiales, y para proteger a los niños y las niñas contra ellas. El Comité

también pidió al gobierno que abordara el elevado índice de pobreza infantil y mejorara

el acceso a servicios de salud de calidad, en particular para los niños y niñas que vivían en

las zonas más desfavorecidas y remotas.

En octubre, Uruguay fue nombrado miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2016-2017, tras 50 años sin formar parte de él.

En junio, el gobierno anunció que seguiría adelante con el programa de reasentamiento de personas refugiadas sirias. Cinco familias sirias llegaron a Uruguay en 2014.

IMPUNIDAD

  En mayo, un decreto presidencial estableció el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia para que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1968 y 1985. El Grupo estaría conformado por el presidente y el vicepresidente de Uruguay y por otros siete integrantes cuyas carreras profesionales debían cumplir con los criterios de autonomía e independencia.

Una sentencia dictada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia seguía obstaculizando el acceso a la justicia; la sentencia había revocado dos artículos cruciales de la Ley 18.831, adoptada en 2011, que establecían que los crímenes cometidos durante el periodo del gobierno cívico-militar —entre 1973 y 1985— eran crímenes de lesa humanidad, con carácter imprescriptible.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

   En agosto, un tribunal contencioso administrativo ratificó el derecho de los profesionales de la medicina a negarse a practicar abortos legales por motivos de conciencia. La sentencia se dictó a raíz de una denuncia interpuesta por un grupo de profesionales de la medicina contra varios artículos de un decreto que regulaba la ley de 2012 que despenalizaba el aborto y garantizaba un acceso seguro y legal a la interrupción del embarazo. La decisión del tribunal causó incertidumbre respecto al modo en el que el gobierno garantizaría la

aplicación efectiva de la legislación, en función del número de profesionales que se negara a realizar abortos alegando motivos de conciencia.

En Uruguay, el aborto era legal en todos los casos durante las primeras 12 semanas de

embarazo. La despenalización se extendía hasta la decimocuarta semana de embarazo

cuando éste era consecuencia de violación, y a todo el periodo de gestación cuando el

embarazo suponía un riesgo grave para la salud de la mujer o en caso de malformación

fetal incompatible con la vida extrauterina.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

  Apenas hubo avances en las investigaciones de los homicidios de cinco mujeres

transexuales cometidos entre 2011 y 2012”.

El informe completo de Amnistía Internacional puede leerse a continuación