La aceleración del proceso de adopción “es un tema central”, indicó Gonzalo Acuña, Secretario del Interior del Sindicato de trabajadores de INAU (SUINAU). Acuña, en diálogo con @gesor se refirió a la situación de las cuidadoras, la necesidad de incorporar más funcionarios al organismo y a la relación del sindicato con la jefatura departamental de INAU.
¿Cómo se viene procesando el ingreso de funcionarios al INAU?
-Hasta el día de hoy han ingresado apenas 90 funcionarios para todo el interior, una cifra escasa, que lo único que genera es más carencia. En un principio eran 60. Desde el sindicato presionamos y logramos 30 funcionarios más. El Directorio de INAU nos dice que no tiene plata para el ingreso de más funcionarios. Ahora si se va a planificar una reestructura, nosotros decimos que queremos vaya de la mano con el ingreso de gente. Ahí está el tema, la base salarial va de la mano de la masa salarial, tenemos que discutir las dos cosas en conjunto.
¿El sindicato a qué cifra aspira?
-Pedimos mil funcionarios que son los perdidos en los últimos 4 años en la atención directa. Porque el gran porcentaje, casi el 70%, se fue en función que no aguantó las condiciones de trabajo. Un porcentaje alto ha pasado a cumplir funciones de técnico. Funcionarios que dieron concurso como educadores pero tenían una profesión, que el INAU necesitaba y no tenía cómo cubrir. Pasaron 13 años desde que empezaron los concursos en el 2006. Desde entonces han ingresado casi dos mil funcionarios, pero salieron del trato directo. Entonces perdimos educadores. No es que no haya ingresado gente al INAU, el problema son las condiciones en las que ingresa el personal y después cómo se mantiene. Hoy para empardar los que se fueron necesitamos por lo menos 1.500 funcionarios más en el trato directo en todo el país.
Los hogares con madres a cargo han traído algunos problemas al INAU.
-Nosotros no lo vemos como un problema, sino como que es un programa que atiende a mas de 1.500 gurises en todo el país, y que a su vez posibilita que de esa cantidad de niños y adolescentes muchos de ellos terminen los estudios secundarios y avancen en su vida. Por lo tanto en líneas generales es un programa exitoso. Ahora hay otras cuestiones que nosotros vemos como preocupantes, como es el manejo de los chiquilines que hace la institución. Nosotros apuntamos a que las adopciones deben hacerse de otra manera, porque el problema de Soriano no es exclusivo, sino que replica en distintos lugares del país. Ha ocurrido en Salto, en Canelones, Cerro Largo. El tema es cómo se realizan los procedimientos y el respeto de los plazos legales para hacer las cosas que están determinadas por la justicia. Acá hay 90 días para que un niño, que es dado en un hogar de alternativa familiar, pase a ser adoptado; y por lo general esos 90 días se transforman en años. Eso es lo que pasó con el caso de la niña de Canelones, que tenía meses, fue por 90 días, y pasaron 2 años. Ahí no es un problema de la cuidadora. Es un problema del sistema de adopciones del INAU, que no funciona bien, y la justicia tampoco funciona bien. Acá hay un montón de patas que están funcionando mal y hay que ajustar. Nosotros planteamos que los equipos y técnicos deben tomar en cuenta, al momento de hacer una adopción, la visión de las cuidadoras, que están las 24 horas con los chiquilines. Eso hoy no sucede. Además otro tema que laudamos con el Directorio, que aparentemente se va a llevar adelante, que es el acompañamiento cuando se realiza un egreso o una adopción. Con una cuidadora que hace 3 años que esta con el chiquilín, indudablemente que se genera un lazo afectivo. Entonces no pueden ir de un día para el otro a sacar ese chiquilín. Nosotros pedimos que se establezca un plazo de por lo menos 3 meses como mínimo donde el chiquilín pueda ver a la cuidadora una vez o dos a la semana. No se puede cortar un vínculo, que es tan fuerte, de un día para el otro. Eso es lo que está pasando hoy. Eso genera un montón de situaciones que no deseamos, justamente en el sentido de proteger a los niños, que se supone que es el interés supremo por el que debe velar la institución.