La decisión judicial se produjo en el marco de la denominada "Operación sin fronteras" desarrollada por la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, que investigó la difusión y comercio de pornografía infantil a través de la red Ares, de tipo P2P (red entre pares que conecta a los usuarios cuyas terminales se comportan simultáneamente como clientes y servidores respecto de los demás nodos de la red).

Los allanamientos se coordinaron para el día 10 de diciembre y se realizaron en fincas de la capital del país y los departamento de Colonia y Lavalleja.

El procesamiento se dispuso con prisión atendiendo al tiempo del que data la actividad de difusión del material, la cantidad de archivos encontrados, así como el tipo de imágenes "donde se aprecian en realidad verdaderas violaciones y abusos sexuales a niños y niñas de corta edad, atados sus pies o manos, obligados a realizar diversos actos sexuales, victimas que difícilmente puedan ser individualizadas".

La jueza Staricco hizo constar que "tiene claro que los indagados no participaron en las escenas donde aparecen estas víctimas" pero agregó que "el consumir dicho material hace que se continúe produciendo el mismo, con lo que ello implica para esos niños, niñas y adolescentes de distintos sexos sometidos a ese tipo de abusos".