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Declaración ante anuncio de Tabaré Vázquez sobre ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) expresa su respaldo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y recuerda que dicha norma está vigente desde el 29 de diciembre de 2014, fecha en que fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

Informaciones de prensa afirman que la actual administración no reglamentaría aún la ley a la espera del trámite jurídico de recursos de inconstitucionalidad que se han presentado contra algunos de sus artículos. Ante ello recordamos que, según el artículo 202 de la norma, el Poder Ejecutivo tiene 120 días para reglamentarla.

Además, la CCD reclama a los distintos poderes y organismos del Estado que cumplan con las disposiciones establecidas en la ley, muchas de las cuales no requieren reglamentación.

Por ejemplo, el artículo 75 dispone que la Asamblea General del Poder Legislativo integrará una Comisión Especial de nueve miembros conformada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria para proponer candidatos a integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual.

Asimismo, el capítulo IV de la ley atribuye a la Institución Nacional de Derechos Humanos la Defensoría del Público -designando para ello a un Relator Especial de los Servicios de Comunicación Audiovisual-, así como la coordinación de un Plan Nacional de Educación para la Comunicación.

Cabe recordar que, al haber derogado la ley muchas disposiciones anteriores, de no aplicarse la nueva normativa se produciría una peligrosa parálisis, al no poder darse continuidad a muchos trámites iniciados anteriormente, por ejemplo para asignación de frecuencias de radio en el interior del país.

Por todo ello la CCD reclama que, por encima de cualquier consideración política, se cumpla con lo establecido por la ley, que implica un gran avance en materia de democratización de las comunicaciones en nuestro país.

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La Coalición por una Comunicación Democrática es una sociedad creada en 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales. El colectivo surge en el proceso de democratización de las comunicaciones que se desarrolla en el país, y tiene como misión promover y aportar al pleno ejercicio de derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la libre expresión, el derecho al acceso a la información, la igualdad y la no discriminación y a la producción nacional en la cultura.