En el marco del convenio entre la Universidad de la República y Presidencia para la colaboración en la búsqueda de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, y a raíz del artículo titulado "El magro saldo", publicado en el semanario Brecha el pasado 26 de setiembre, donde se menciona la renuncia del coordinador del GIAF y se realizan acusaciones graves en cuanto al entorpecimiento a la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Es que la FEUU plantea este tema al Consejo Directivo Central de la Universidad para su consideración.
La FEUU mantuvo recientemente una reunión con los Familiares de Detenidos Desaparecidos para recabar información sobre lo ocurrido.
En la misma se confirmaron las acusaciones mencionadas en la nota periodística, sobre la actuación del coordinador del GIAF, Dr. López Mazz.
Dentro de las mismas se mencionan el entorpecimiento al avance de la causa de Nebio Melo, su aparición en la prensa reivindicando la existencia de la Operación Zanahoria, y exhortaciones a resoluciones judiciales que luego no pudieron ser demostradas. Debido a estos acontecimientos la organización de Familiares le quitó el respaldo al coordinador del GIAF.
No obstante, los Familiares de Detenidos Desaparecidos destacan como positivo el trabajo realizado por el resto del equipo del GIAF y el trabajo que viene realizando la UdelaR.
Además los Familiares han expresado su preocupación con respecto a la falta de colaboración del Ministro de Defensa Nacional en la ubicación de los archivos que guardan las acciones del Terrorismo de Estado y la falta de colaboración de los militares, elementos claves ambos para esclarecer los hechos ocurridos en la dictadura.
Sobre esta falta de colaboración, en otro artículo de Brecha del 3 de octubre se sostiene que “por más que ha sido solicitado por la justicia, el ministerio no ha brindado las listas de oficiales y subalternos con destino en las unidades donde se interrogó, torturó y asesinó a detenidos”.
Nos preocupa también que el trabajo que se realiza con la documentación recabada apunta a la creación de un archivo y tiene una orientación volcada hacia la reconstrucción histórica de lo sucedido, lo cual no esta mal, pero no puede supeditar a ello la orientación de la búsqueda de los desaparecidos.
A su vez, se le suma esto que el convenio entre la Universidad y Presidencia tiene una cláusula de confidencialidad que expresa la “obligación de mantener la más estricta reserva sobre el desarrollo de la investigación y los resultados que fueran alcanzados.”, donde es la Secretaría la que define qué se puede conocer y que no, aumenta la dificultad para poder esclarecer las violaciones a los derechos humanos.
Familiares informó también que realizaron un descargo por la actitud del Dr. López Mazz frente a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. También un integrante de Familiares, Nilo Patiño, realizó una denuncia en la Universidad por este tema, ya que el Dr. López Mazz era representante de nuestra casa de estudios.
Sin embargo, esta denuncia nunca llegó a ningún órgano de cogobierno, sino que fue tratada entre el Rectorado y el Decanato de la Facultad de Humanidades, y a propuesta del Decano de dicha Facultad ese expediente (Nº 001000-001264-14) fue archivado, evitando que el resto de la Universidad tomara conocimiento de una situación tan delicada y que exigía un tratamiento, a nuestro entender, por el Consejo Directivo Central.
Creemos equivocada la decisión de archivar un tema de tal magnitud. Así mismo consideramos insuficiente y desacertada la respuesta brindada por Dr. López Mazz que justifica su accionar bajo la autonomía técnica, sin reconocer que su proceder generó consecuencias negativas en la búsqueda de Nebio Melo.
Como Universidad, tenemos la obligación moral de ofrecer una mejor respuesta a los Familiares de Detenidos Desaparecidos por la situación que se generó en este caso.
Si bien desde el 2005 cuando se firmó el convenio, se ha avanzado en la búsqueda de los desaparecidos y se ha trabajado mucho por esta causa, no se puede dejar pasar una situación tan delicada. Creemos que aún queda mucho por hacer y la Universidad debe comprometerse a ello.
Teniendo en cuenta la anteriormente expresado, proponemos que el CDC resuelva:
- Expresar su profunda preocupación por lo sucesos ocurridos que llevaron a la demora y entorpecimiento del caso Nebio Melo.
- Expresar el compromiso de la Universidad en cuanto a evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir.
- Reafirmar el compromiso de continuar trabajando para el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de los detenidos desaparecidos por la dictadura militar.
- Respaldar el trabajo actual del GIAF y exigir mayor autonomía de los grupos técnicos Universitarios frente a Presidencia en el trabajo con la Secretaría para los Derechos Humanos del pasado Reciente
- Mantener el Convenio entre la Universidad y Presidencia, reconociendolo como un avance.
- Solicitar la eliminación del artículo del convenio entre la Universidad y Presidencia que expresa el compromiso de confidencialidad exigiendo que se respete y reglamente la Ley de acceso a la información, Nº 18.381, donde en su artículo 12 expresa: “Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de los derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.
- Exigirle al Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro que colabore en brindar la información y los archivos necesarios para llevar adelante la búsqueda de los desaparecidos.
- Exigir que la búsqueda de los desaparecidos sea una política de Estado, independientemente del partido político que gobierne ya que la determinación de la verdad de los hechos ocurridos en la dictadura es una necesidad impostergable.
- Exigir como hace 30 años, verdad y justicia.
- Realizar una investigación administrativa para terminar de esclarecer los hechos ocurridos.