Un estudio sobre casos tramitados por la ley 17.815 durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (hasta el día 30 de setiembre) permite conocer y analizar en profundidad datos como los perfiles de los autores y víctimas de violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces, así como el tratamiento judicial de dichos asuntos. 

El informe fue elaborado por la División Planeamiento y Presupuesto del Poder Judicial a partir de un relevamiento solicitado por la Suprema Corte de Justicia a las sedes con competencia en materia penal de todo el país y a los dos Juzgados Letrados Especializados en Crimen Organizado.

Como datos salientes del estudio, en relación al victimario se observa que el 88.2% de los encausados son de sexo masculino, en edades promedio que oscilan entre los 20 a 59 años y con un nivel educativo en su mayoría primaria completa e incompleta (57.5%). El 55.9% de los procesados es casado. Respecto a la relación de cercanía con la víctima, en el 70% de los casos no se manifiesta vínculo o parentesco con su agresor.

Analizando los perfiles de las víctimas de los delitos previstos en la mencionada ley, se observa que el 72.6% son de sexo femenino y 7 de cada 10 se ubican en un rango etario que va de los 13 a 24 años.

En referencia al tratamiento procesal y actuaciones judiciales de los casos relevados surge que la causal más frecuente de los procesamientos dictados por los jueces competentes se encuadra bajo la figura delictual definida como "Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para ejecutar actos sexuales o eróticos de cualquier tipo" (redacción dada por el art. 4º de la ley 17.815). En algunos casos se especificaron otros delitos asociados.

A continuación el informe completo.