Pidieron que el área de Defensa del Consumidor y el Banco de Previsión Social intervenga en la situación en que se han visto involucrados varios pasivos de Egaña y Risso que firmaron convenios con la Cooperativa de la Previsión Social.
Como oportunamente informáramos un grupo de pasivos de Egaña y Risso firmaron contratos a promotoras de esta Cooperativa desconociendo el contenido completo del documento, sorprendiéndose al recibir descuentos en sus recibos de pasividades.
En la pasada sesión de la Junta Departamental de Soriano el edil Fernando Vélez (PN) expuso la situación, indicando que su suplente, Máximo Mesa se interiorizó del tema recibiendo la inquietud de estos pasivos. “Tiempo atrás llegaron” a Egaña y Risso, comentó Vélez “simpáticas personas las que se presentaron como promotoras de la Cooperativa de Previsión Social” ofreciendo “un paquete de servicios: supermercados, supergas con pagos a 60 días sin recargos, peluquería, asesoría jurídica gratis, etc. Estas personas omitieron en esa instancia, informar, explicar o sugerir leer las disposiciones generales del reglamento al cual quedaban atados una vez que firmaran el contrato. Pero aparte de omitir ese detalle les explicaron que dicha afiliación no generaba costos extras, como por ejemplo cuotas sociales mensuales. Cuota social que es a la postre lo que termina lesionando los ingresos de estos pasivos y originando el presente planteo”. Agregando más adelante que en algunos casos los pasivos deben pagar aproximadamente el 10% de lo que mensualmente perciben, y que de una comunicación mantenida por Máximo Mesa con la casa central de la Cooperativa de la Previsión Social “se le confirma que las promotoras cobran una comisión por socio que incorporan. Se dice que el socio tiene un plazo de 10 días para renunciar, una vez firmado el contrato de afiliación, y de no hacerlo en ese plazo el mismo queda confirmado por un año. O sea no tiene derecho a desligarse por un año” remarcó Vélez.
“Esta institución considera que al firmar el contrato debió leer el reglamento y es consciente de su contenido, por lo que estaría inhibido de cualquier reclamo”. Comentando “si tomamos en cuenta la bonhomía, falta de malicia, la inocencia de estas personas que pasaron la vida trabajando y contribuyendo silenciosamente al crecimiento de sus comunidades, no debe sorprendernos que abran generosamente las puertas de su casa a toda persona que llega y termina en este tipo de situaciones no deseadas”. Remarcando “quienes estamos en sala y conocemos esas pequeñas localidades, sabemos que esto se da. Que se da quizá un cierto exceso de confianza, que es propio de nuestras pequeñas comunidades del interior”. Pidiendo que esta situación sea denunciada ante el “Área de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas”, al Directorio del Banco de Previsión Social, y a la Comisión Directiva de la Cooperativa de la Previsión Social”. Además que estudie el tema la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental.
BPS ya está enterado
El Presidente de la Junta Departamental comentó que en Mercedes se registraron situaciones similares. Ángel García, quien además es funcionario del BPS indicó que “las autoridades están tomando las medidas correspondientes, y buscando la manera como para poder ayudar a toda esa gente que se ha visto involucrada”.