Unas 130 organizaciones sociales presentaron una petición ante la Asamblea General del Parlamento reclamando en el marco de las actuales previsiones de la Constitución de la República la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en el proceso de elección de ministros/as de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). 

“No se fundamenta, no se discute, ni hay intervenciones o informes de comisiones que argumenten sustancialmente la razón y motivos para la elección de la persona designada”, denuncia el petitorio. Las organizaciones denuncian que este proceso, que resulta en la elección de los ministros/as de la SCJ, está rodeado de un secretismo inaceptable. 

La petición cobra particular importancia en un contexto donde en los próximos ocho meses deberá renovarse la mayoría de integrantes de la SCJ (1). Habilitar un proceso participativo posibilitaría que “por primera vez en la historia nacional el proceso parlamentario que antecede al acto de designación adquiera características diferentes a las que tradicionalmente se han practicado”, señala la petición. 

En conferencia de prensa citada para difundir la acción, las organizaciones hicieron hincapié en que el proceso de elección y posterior designación de los y las integrantes de la SCJ no debe quedar en manos de la negociación política, sino obedecer a criterios claros, objetivos y transparentes.

Señalaron además la baja representatividad que han tenido las mujeres en la integración de la Corte: de las 76 personas que ocuparon el cargo de ministro/a desde 1907 hasta la fecha, 73 fueron hombres y sólo 3 mujeres. Asimismo, de las 76 personas, sólo 2 no provenían de la carrera judicial. 

Las organizaciones peticionaron la creación de una comisión parlamentaria bicameral que tenga a su cargo la recepción de las propuestas de personas que aspiran a ocupar el cargo de Ministro/a de la SCJ. 

De acuerdo a la propuesta, esta comisión debería dar a conocer a la ciudadanía el listado de candidatos y datos de interés como su currículum, y proceder a estudiar y evaluar sus méritos. Para la evaluación recibiría la opinión fundada de integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal, operadores jurídicos calificados y de la sociedad civil organizada. 

En base a todos estos elementos, la Comisión debería elaborar los informes de síntesis y conclusiones a que se arribe y los elevaría a la Asamblea General para el acto formal de designación, de acuerdo a las previsiones constitucionales. 

De acuerdo a la acción colectiva planteada, toda la información, datos y documentos que se manejen durante el proceso de elección, incluidas las versiones taquigráficas de la Comisión Especial Bicameral deberían ser de fácil acceso a la ciudadanía.

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(1)Las vacantes se darán de acuerdo al siguiente cronograma: Dr. Julio César Chalar Vecchio termina su mandato el 5 de noviembre de 2014, Dr. Ricardo C. Pérez Manrique el 17 de mayo de 2015 y Dr. Jorge Ruibal Pino el 6 de junio de 2015.

Información extraída de la página web de Cainfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública)