En Casa del Partido Colorado de Soriano quedó instalada la Comisión "Para vivir en paz" que impulsa la baja de la edad de imputabilidad, contándose con la presencia del diputado por Päysandú, Walter Verri, el edil sorianense Juan Rey, los dirigentes locales Virginia Bentos y Juan Calcagno.

En la oportunidad, Virginia Bentos dijo que "con la reforma propuesta se aporta un instrumento más, buscando mejorar la seguridad ciudadana. Es una propuesta integral, que incluye priorizar a las víctimas de los delitos; la baja de edad limitada a la franja de 16 y 17 años; para delitos graves e incluso facultando al juez a eximir o atenuar por ausencia de madurez o discernimiento suficiente; el mantenimiento de los antecedentes; y la creación de un servicio especializado de internación y rehabilitación fuera del INAU y con la participación del Comisionado Parlamentario Penitenciario".

En cuanto a la filosofía de la reforma, Bentos señala "como aspecto a destacar está el primer inciso del proyecto a plebiscitar donde se establece muy expresamente que: "La ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito". Es decir que la premisa, el acento, la preocupación, pasa a ser los DDHH de las víctimas, la sociedad, los inocentes los honestos. Se deja así de lado una visión desequilibrada y hemipléjica que solo vela por los menores delincuentes. Cuando en realidad hay que velar por ellos, pero también y muy especialmente por las víctimas y los ciudadanos honestos".

Sostuvo que "no es la única solución del problema, pero es un paso en la dirección correcta. No podemos recuperar a nuestras víctimas, pero si podemos honrar sus vidas evitando que les pase a otros. Este proyecto, va a servir para prevenir pérdidas de vidas y lesiones graves. No olvidemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esto apunta a minimizar el efecto impunidad y a desestimular y disuadir a los menores que delinquen. A sacar de la calle y recluir para rehabilitar". 

ALGUNOS NUMEROS

Bentos hizo referencia a algunos números, "el estudio del Observatorio en Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, revela que en el 45% de las rapiñas cometidas participaron menores. Y aumentó a 21% la tasa de participación de menores en homicidios. En particular, en 2012, 38 homicidios (de los aclarados) fueron cometidos por menores a nivel nacional. En 2013, 41 causas judiciales por homicidio se iniciaron a menores en 2013 (de ellas 26 casos consumados y 15 casos habrías sido en grado de tentativa) según estadísticas del Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial. El número de causas abiertas no refleja necesariamente la cantidad de menores llevados a juicio, ya que un mismo expediente puede implicar a más de un adolescente.

En abril, el propio Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó que la proporción de menores de edad que participan en delitos de rapiñas y hurtos ha aumentado". 

Agregó que "la casi mitad de las rapiñas (45%), -que es el delito más violento-, la cometen hoy menores de 18 años. De esa mitad de rapiñas, el 96% la cometen menores entre 16 y 17 años. La mayoría de los adolescentes que delinquen tienen 16 o 17 años y no estudian ni trabajan. Además, 9 de cada 10 capturados son varones y el 40% de los que delinquió usó un arma de fuego. El 75% de sus delitos son rapiñas.

El proyecto de reforma no es una disminución genérica de la edad de imputabilidad de los menores, sino que solo se refiere a aquellos adolescentes autores de delitos graves como homicidio, violación, rapiña, secuestro y otros delitos gravísimos. 

En el Sirpa hay detenidos unos 90 menores por homicidio, de los cuales el 10% es por homicidios múltiples".

Concluyó expresando "decir "Si a la baja" es decir "Si a la rehabilitación; no a la delincuencia; no a la impunidad". 

EL DIPUTADO VERRI

Mientras tanto el Diputado Walter Verri en parte de su presentación recordó que con la finalidad de atender a estos menores "se crea un Centro de Rehabilitación que no estará en la esfera del Ministerio del Interior ni del INAU, responderá directamente al Poder Ejecutivo. El INAU tiene una función fantástica que es la minoridad, los niños, protegerlos, darles hogar en muchos casos y la cumple muy bien, los centros CAIF son un ejemplo de eso. El Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Cárceles tiene otra función que no es la que estamos pensando para este Instituto de Rehabilitación, por eso va a ser una persona jurídica diferente a estas dos y va a tener el control del Comisionado Parlamentario que hoy actúa solamente en el sistema carcelario".

En caso de aprobarse la reforma, considera que "el próximo Poder Ejecutivo deberá ponerla en práctica lo más rápido posible, aspiramos a que sea el nuestro, y será una obligación constitucional para poner en práctica rápidamente, no tendrá más opciones que enviar las leyes al Parlamento para dar forma a esta modificación en la Carta Magna".