Juan José Dubourdieu es directivo de la Asociación Rural de Soriano (ARS) es uno de los productores rurales que  interpusieron un recurso al  Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). La Suprema Corte de Justicia ya recibió más de 60 acciones contra el ICIR,  pero  los recursos podrían superar ampliamente esa cifra ya que solo el estudio de abogados que  representa a Dubourdieu  “tiene más de 62 plantemientos, y a esto hay que sumarle otros estudios, o sea que el número es bastante mayor”.

Juan José Dubourdieu  en diálogo con @gesor expresó que  la ley que crea el ICIR “tiene varias inconstitucionalidades según nos dicen los abogado  que nos están asesorando”. Explicando que “lo que el ICIR recauda va a Rentas Generales, y supuestamente después va a las intendencias. Entonces se están metiendo en el ámbito municipal, lo cual es inconstitucional. Por otra parte la Ley dice que deben pagar ICIR las  propiedades  de 2 mil hectáreas índice Coneat 100 o su equivalente. Esas palabras, o su equivalente son  demasiado amplias. Después, cuando se reglamente la Ley, permite meter   en ese espectro  a un Feet Lot que engorde mil novillos, o a 500 hectáreas de soja, y pueden decir que son equivalentes a mil hectáreas índice Coneat 100. Con lo cual meten en la bolsa a gente que en principio no estaría involucrada en ese impuesto”.

El impuesto

   El ICIR (ley 18.876), aprobado por el Parlamento en diciembre con los votos del Frente Amplio, establece un gravamen de ocho dólares por hectárea a las extensiones de entre 2.000 y 5.000 hectáreas índice Coneat 100, de 12 dólares a las que van de 5.000 a 10.000 hectáreas y de 16 a las extensiones superiores a 10.000. Según estimaciones del gobierno, el impuesto alcanzaría a unas 1.200 empresas rurales de un total de 47.300, propietarias de 36% de la superficie productiva del país.

Se prevé recaudar aproximadamente 60 millones de dólares anuales que serán destinados a la reparación y mantenimiento de la caminería rural por medio de las intendencias departamentales.

El 12 de junio la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR) hicieron un llamamiento en conjunto a sus socios a que impugnen el ICIR por considerarlo "viciado de inconstitucionalidad". Poco después, la FR consiguió el asesoramiento del doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, abogado constitucionalista y vicepresidente de la República entre 1990 y 1995 por el Partido Nacional, que ya había patrocinado varias de las primeras acciones. Antes de la feria judicial de julio se habían presentado unos 20 recursos. En la semana después de ese descanso llegaron 23 más, presentados en conjunto por el estudio de Aguirre.

Impuesto político

   Juan José Dubourdieu  agregó más adelante “el trámite  (iniciado ante la SCJ) lleva alrededor de un año. Teóricamente  voy a tener que pagar el impuesto. Después si el fallo sale favorable  el Estado  me tendrá que devolver lo que pagué”. Acotando “quiero instar a los productores a que se asesoren y recurran este impuesto que es totalmente injusto. En muchos casos  hay que ver  que las propiedades de 2 mil hectáreas índice Coneat 100 hay muchas que son en zonas criadoras, y no es lo  mismo que en agricultura, lo que implica que buena parte de los ingresos se van a ir con este impuesto, y determina que los números terminen dando en rojo”. Opinando “fue un impuesto que fue sacado por un tema netamente político. Recuerdo que era el Congreso de la Federación en Durazno  cuando se estaba con el tema de la Ley de Caducidad,  que sacaron esto como para distraer. Ahí fue que se impulsó el impuesto”.