(por Aldo Roque Difilippo) Uruguay se encuentra con un avance óptimo en las políticas de identificación de los casos de violencia física contra la niñez y la adolescencia, y con un avance en progreso con respecto a las políticas, planes e información sobre esos casos.  Tal las conclusiones a las que arriba el Reporte  elaborado por Naciones Unidas

El Reporte 2013 “Implementación de las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños en América Latina y El Caribe”, tiene como propósito evaluar el grado de avance de los países de la región en esta materia. Analizando cada país en particular, en lo que tiene que ver con Uruguay  este  documento  destaca  la trayectoria  institucional y democrática del país donde “aun cuando no se cuente con todos los recursos necesarios y de descentralización; el énfasis es en las temáticas de abuso sexual y maltrato. El rol de la sociedad civil es activo como contrapartes de tercerización de servicios y en la incidencia para la inclusión del enfoque de derechos en las políticas públicas”. Ya que Uruguay “cuenta con institucionalidad relevante en relación a la atención a la violencia, que no siempre cuentan sus programas con recursos materiales ni humanos para su implementación y difusión”. Destacando dentro de los planes y políticas implementadas que en los últimos dos años “se han profundizado los sistemas de respuestas al maltrato y abuso en la familia en todo el país, aún con limitaciones en relación a las necesidades y se han elaborado nuevas hojas de rutas para la atención”.

En lo que tiene que ver al marco normativo  el informe destaca que en los últimos dos años “se han promulgado dos leyes” contra el bullying y otorgando pensiones a niños y niñas víctimas fatales de violencia doméstica. “También se ha suscripto en el Ministerio del Interior un decreto para el establecimiento del protocolo  de actuaciones de acoso sexual”. Recordando que existen otras leyes de protección a la infancia, y  “un Frente Parlamentario  por la Niñez que en los últimos años ha discutido sobre la eficacia en la implementación de las medidas cautelares en situaciones de violencia doméstica”. Y el hecho de que nuestro país “ha firmado en el 2012 el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo al procedimiento de  comunicación ante la CDN” (Convención sobre Derechos del Niño).

Al enumerar los avances el informe destaca que en Uruguay se  han elaborado varias hojas de ruta para abordar las problemáticas relacionadas con la niñez y la adolescencia en materia de “salud, educación, protección” y  violencia escolar.

Agregando que nuestro país  “dispone de una normativa adecuada, incluso de prohibición explícita del castigo corporal, pionero en la región. La debilidad consistiría en la dificultad de aplicación y reglamentación de la normativa y la incorporación en los planes y programas”.

Algunos datos

  La población uruguaya es de 3.286.314 habitantes, de acuerdo al último censo realizado en 2011.  Aproximadamente 912 mil son  niños, niñas o adolescentes, o sea el 27%. De acuerdo a este  Reporte realizado por Naciones Unidas el  Índice de Desarrollo Humano es alto, 0.792 con un Índice de desigualdad bajo, 0.45.

Uruguay es el único país de Sudamérica con  una calificación baja en la tasa de desigualdad, medida por el coeficiente Gini.

Coeficiente Gini

  El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).