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La bancada de Senadores del Frente Amplio (FA) acordó votar el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) con dos cambios clave: el organismo encargado de aplicar la ley será independiente del Poder Ejecutivo y las sanciones graves se resolverán en la justicia.

Ambos aspectos fueron reclamados tanto desde organismos internacionales como desde la sociedad civil uruguaya, especialmente la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). En dos comparecencias al Senado, la CCD había advertido que otorgar las tareas de control y aplicación de la ley a un organismo que depende directamente de Presidencia, como lo es la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (URSEC), debilita seriamente el proyecto y no cumple los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

En diciembre del año pasado la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto incluyendo un cambio relevante al texto enviado por el Poder Ejecutivo: eliminó el órgano de aplicación independiente y derivó la tarea a este organismo tras considerar la imposibilidad constitucional de crear cargos 12 meses antes de las elecciones nacionales.

Sin embargo, tras propuesta de la sociedad civil, la bancada del FA aceptó crear el organismo y dejar en suspenso los cargos para luego que caiga la prohibición constitucional. Por lo tanto, se restituyen las tareas del Consejo de Comunicación Audiovisual tal como estaban previstas en el proyecto original.

Otro de los cambios refiere al mecanismo aplicable en caso de que los medios incurran en violaciones a la ley y deban aplicarse sanciones graves, que pueden llegar hasta lla revocación de licencia para transmitir.

El proyecto original delegaba a los cinco miembros del órgano de aplicación de la ley la facultad de decidir pero con la nueva redacción será la justicia civil quien se expida en estos casos. La modificación busca otorgar las mayores garantías ante posibles arbitrariedades o presiones a los medios.

Según trascendió en las últimas horas se prevé que el proyecto pase al plenario de la Cámara de Senadores en el mes de junio para su aprobación. Una vez aprobado deberá regresar nuevamente a Diputados y antes de julio podría recibir sanción definitiva.

La CCD celebra esta noticia y confía en que, tal como han señalado los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, y de la OEA, Catalina Botero, la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se constituya en un gran avance para la democratización del sistema de medios de comunicación en el Uruguay así como una garantia para el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Coalición por una Comunicación Democrática

Grupo Medios y Sociedad